El convenio de uso del antiguo edificio de la Audiencia Provincial se firmará el próximo mes de abril y tendrá una duración de 30 años. Así lo anunció ayer el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, durante su comparecencia pública tras inaugurar una sala municipal de lectura ubicada en la avenida Casalduch.
Por otra parte, Mediterráneo contactó ayer con fuentes de la Universitat para tratar el acuerdo pero declinaron hacer declaraciones, ya que prefieren que sea el alcalde el que hable.
El pacto escrito plasmará un compromiso de colaboración entre el consistorio, la Universitat Jaume I y el Consell en la explotación del deteriorado inmueble de la plaza Borrull. La complejidad a la hora de plasmar en un papel el reparto del edificio es el motivo que ha causado el paréntesis de casi tres meses desde que el rector de la UJI, Francisco Toledo, desveló a Mediterráneo el acuerdo verbal alcanzado tras dos años de discordia. "Estamos estudiando la letra pequeña del convenio, porque las cláusulas deben ser del gusto de todos, ya que tendrá una vigencia de 30 años", afirmó Alberto Fabra.
REUNIÓN CON TOLEDO El primer edil de la capital y el rector de la UJI mantuvieron una reunión el pasado jueves para perfilar el cariz de esas cláusulas, que deben plasmar los respectivos asesores jurídicos. "El convenio sobre la antigua Audiencia se firmará durante el mes de abril y abrirá la puerta a la petición conjunta del edificio de Hacienda", remarcó Fabra.
EL REPARTO La entente verbal reparte el uso del antiguo palacio judicial en tres bloques: la UJI se reserva las dos plantas superiores para transformarlas en una residencia de estudiantes; la segunda altura quedará en manos de la Conselleria de Justicia, donde ya está en marcha el Punto de Encuentro Familiar dirigido a menores en situaciones de tensión tras la ruptura matrimonial de sus progenitores; por último, el Ayuntamiento se reservará la primera planta para el proyecto del Megaespai. En el sótano del edificio se habilitará un archivo, salvo que estipule lo contrario el futuro convenio.
La disputa que mantuvieron Fabra y Toledo por el uso del complejo judicial de la plaza Borrull no fue gratuita. Ambos eran conscientes del incalculable valor del edificio. Una vieja aspiración del rector de la universidad es extender la presencia social de la UJI más allá de los límites del campus de Borriol. En cambio, el alcalde apela a la inmejorable oportunidad de ampliar el patrimonio municipal en el centro urbano.
