El Consell trató de apaciguar ayer a los rectores de las universidades públicas valencianas prometiéndoles garantías de que se cumplirán los acuerdos alcanzados en mayo en materia de financiación universitaria.

Los rectores se reunieron ayer con el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, así como con el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora y los secretarios autonómicos de ambas consellerias. En el encuentro, los responsables de las universidades les expresaron su preocupación sobre las cifras consignadas en el borrador de los presupuestos de Generalitat, aprobadas en la última reunión del Gobierno valenciano. Según informaron los propios rectores, los miembros del Consell les informaron de los contenidos del proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para el año 2009, subrayando que en ese documento se contienen "las garantías necesarias para el cumplimiento de los compromisos firmados por la Conselleria de Educación en el pasado mes de mayo, así como para la redacción y financiación de los presupuestos de las universidades públicas para el 2009, elaborados de acuerdo con los citados compromisos".

El rector de la Universitat Jaume I, Francisco Toledo, quien preside este semestre la Conferencia de Rectores Valenciana, transmitió la víspera la preocupación por una posible reducción del 25% en las cuentas para el año próximo. Por ello, solicitó esta entrevista para conocer si es real que sus presupuestos en 2009 serán una cuarta parte menos de lo acordado. Según la información que circulaba, de los 824 millones de euros previstos, el borrador de la Generalitat contemplaba 616. Un "error" que, según Toledo, de no subsanarse podría suponer el cierre de las universidades. A pesar de ello, los 64 millones correspondientes al primer pago de la deuda aplazada sí se incluían.

GASTO El rector de la Universitat de Valencia, Francisco Tomás, se posicionó en el mismo sentido que Toledo y alertó que si se confirmaba esa noticia la situación será "absolutamente insostenible para las cinco universidades públicas valencianas" y significará la "imposibilidad de gestionar y asumir los gastos asociados a las actividades ordinarias de las universidades".