Los presuntos miembros de los Grapo Israel Clemente y Jorge García señalaron ayer, en el juicio que se sigue contra ellos en la Audiencia Nacional por el atraco a una sucursal bancaria de la calle Herrero en el 2006, que el director de la entidad, José Gil Lliveros, no era "un objetivo militar" de la organización.

Durante la vista, los procesados reconocieron los hechos, ocurridos el 16 de marzo del 2006, y los justificaron para "recaudar fondos y llevar a cabo la lucha armada", apuntó García. "Queríamos parte de la riqueza que la gran banca roba a este país, pero no teníamos plan preconcebido para atentar contra este señor", según Clemente.

Este relató que alrededor de las 7.00 horas abordaron a su víctima cuando esta salía de su domicilio y, amenazándole con un revólver, le advirtieron de que "si seguía instrucciones no le pasaría nada", pero que si "oponía resistencia sería castigado", añadió García. Se dirigieron a la entidad y, cuando su director dijo que ignoraba la combinación de la caja, decidieron retenerlo y esperar a que llegara otro empleado, que, según Clemente, apareció alrededor de las 7.40 horas. La víctima le alertó y ambos salieron huyendo.

Los acusados admitieron haber realizado tres disparos, uno "intimidatorio" para que no huyera. "Mi intención inicial era dispararle en una pierna, pero corría tanto que no", recordó Clemente, quien añadió que no disparó más "por miedo a darle". García dijo que cuando ya estaban fuera de la sucursal volvieron a disparar y alcanzaron al responsable de la oficina en un brazo y en el glúteo, causándole lesiones de pronóstico reservado.

Si bien no afectaron a órganos vitales, eran "potencialmente peligrosas por su trayectoria y naturaleza". "No queríamos poner en riesgo su vida", aseguró García, que añadió que su condición de "socorrista de la Cruz Roja" le permite saber "dónde una herida no es mortal".

Por su parte, el director de la sucursal declaró que durante el asalto telefonearon al banco y lo cogió él. El interlocutor, que se identificó como "la abuela" --aunque tenía voz de hombre--, le preguntó si estaban en la entidad los atracadores y, si era así, que uno de ellos se pusiera al teléfono. Uno de los dos acusados cogió el teléfono y, a juicio de este testigo, recibió una reprimenda por el tiempo que estaban dentro de la sucursal.

El fiscal considera los hechos constitutivos de tres delitos de terrorismo, uno en relación con detención ilegal, otro en relación con uno de robo y un tercero en grado de tentativa. Solicita 35 años de cárcel para cada acusado y pide que ambos indemnicen solidariamente al director de la sucursal con 200.000 euros. El juicio continuará durante el día de hoy y previsiblemente quedará visto para sentencia.