El concejal de Cultura de Castellón, Miguel Angel Mulet, denunció ayer el "continuo desprecio" que mantiene el Gobierno de España hacia los ciudadanos de la capital, puesto que "por enésima vez se está paralizando la cesión del edificio de la antigua sede de Hacienda para convertirlo en un centro de cultura, asociaciones y sede de la universidad".

El acuerdo a tres bandas se rubricó el pasado 13 de febrero. Sin embargo, medio año después, el Ministerio de Economía aún no ha cedido la titularidad del edificio al Ayuntamiento. Reclama garantías de que dará un uso concreto al inmueble. "Esto es un absurdo, puesto que no podemos acreditar nada si no tenemos el edificio para poderlo abordar y trabajar sobre él", señaló Mulet. Como ya explicaron en febrero el alcalde, Alberto Fabra; y el rector de la UJI, Francisco Toledo, la mitad del inmueble de la plaza Huerto Sogueros en manos del consistorio se dedicará a usos juveniles, y será sede de colectivos vecinales, mientras que la UJI desarrollará en su parte servicios varios, como formación de no grado y exposiciones.

Mulet atribuyó ayer la petición de nuevos informes por parte del Gobierno a "excusas" para que el proyecto "no vaya adelante", pese a ser "una demanda ciudadana". "Sabemos cómo se distribuirá la zona del inmueble que se destinará a cultura, y también a participación ciudadana, pero todo se ha quedado paralizado por la vaguedad con que el Gobierno está gestionando el asunto. Es incomprensible su desdén y la forma de actuar que solo significa contravenir los intereses ciudadanos, que se ven perjudicados con el paso del tiempo y sin una dotación que sería importantísima", añadió.

El acuerdo de cesión del pasado mes de febrero desbloqueó más de tres años de espera desde que el Gobierno desmanteló la antigua sede de Hacienda en agosto del 2005. Primero la falta de acuerdo entre el consistorio y la UJI y después la exigencia del Ejecutivo central de que la petición fuera conjunta retrasaron sine die la cesión del inmueble.

TOTAL INCOHERENCIA Miguel Ángel Mulet acusó ayer al propio Gobierno de incurrir "en una total incoherencia" ya que no clarifica qué documentos exige pero sí solicita al Ayuntamiento que demuestre la existencia de "una retención de crédito presupuestario para desarrollar el proyecto y lo hace a sabiendas de que la ley de Contratos del sector público dice expresamente que cualquier inversión municipal y pública sobre un inmueble debe conllevar la disponibilidad del edificio". Es decir, según Mulet, "nos ponen en un callejón sin salida" ya que el único fin que persigue el Ministerio "es paralizar los proyectos de los ciudadanos de Castellón con el objetivo político de detener el avance de la ciudad", remató.