La Conselleria de Turisme ha recibido un total de 12.000 firmas de ciudadanos de Castellón que se muestran en contra de las restricciones que la Ley de Costas impone a los chiringuitos de playa de la Comunitat Valenciana y de su desaparición.

Así lo ha informado hoy la consellera Belén Juste tras la reunión que ha mantenido hoy con el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, los concejales de Playas de las tres capitales de provincias y representantes de los restauradores de los locales afectados por la Ley.

Según la normativa, a partir del 1 de enero se tendrán que ajustar las terrazas de los locales a una superficie máxima de 50 metros, además de los 150 metros cuadrados de establecimiento cubierto, algo que a los empresarios, que piden autorización para terrazas de mayor tamaño, consideran "insostenible" para sus negocios.

El conseller de Gobernación ha explicado que estos locales están "heridos de muerte" debido a la actuación del Gobierno central, y se ha quejado de que lo que la Ley de Costas "permitía hasta hoy, ahora, sin justificación, deje de autorizarlo".

"Desde 1988 las autorizaciones para las terrazas de los chiringuitos se iban renovando año tras sin problema y existía esa excepcionalidad -sobre el tamaño de las terrazas- pero ahora ha habido un cambio de posicionamiento y cambian de criterio sin dar explicación", ha manifestado Serafín Castellano.

En su opinión, el Gobierno central es "el Gobierno de las prohibiciones" y, en ese sentido, ha recordado las restricciones introducidas por el Estado respecto al tabaco y al alcohol, que también han afectado de uno u otro modo a los bares y restaurantes.

"Estamos ante el Gobierno de las prohibiciones y de no querer atender a sectores tan importantes en esta comunidad como el turismo, que supone el 13% del PIB de la Comunitat", ha dicho.

Ha recordado la propuesta del Gobierno valenciano de que el Estado le traspase las competencias para gestionar las autorizaciones de este tipo de locales, y que ya ha solicitado formalmente la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para tratar el asunto.

Además, ha reclamado la celebración de una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para que antes de fin de año se "escuchen las propuestas de la Generalitat".

Por último, ha destacado la necesidad de una moratoria en la aplicación de la normativa el próximo 1 de enero para "hallar en un plazo razonable de tiempo una solución equilibrada y justa para este caso" porque "es lo sensato, y más en una situación de crisis como lo que estamos atravesando".

Sobre las manifestaciones vertidas sobre este asunto por el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, el conseller ha señalado que "una vez más están absolutamente fuera de lugar".

La consellera de Turismo, Belén Juste, ha acusado al Gobierno socialista de estar "atacando al sector turístico de la Comunitat Valenciana", donde los chiringuitos son "fundamentales en su turismo de sol y playa".

Ha reiterado asimismo su defensa de estos locales y de un sector que supone más de 300.000 empleos directos "frente a un capricho", en referencia a la aplicación de la normativa a partir del 1 de enero.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Gelabert, ha agradecido tanto Juste como a Castellano su apoyo, "independientemente de su color político", y ha manifestado su "decepción y tristeza" por la situación generada.