El Gobierno respetará los chiringuitos de Valencia, pero no los de Castellón. Pese a las reiteradas reclamaciones de los hosteleros castellonenses a la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, de obtener una moratoria para no derribar los chiringuitos de la costa, esta opción sí que se aplicará a los locales de Valencia situados en el Saler y Pinedo, como dio a conocer ayer el propio Ministerio, pero Castellón no disfrutará de esta medida, tal como confirmaron fuentes del Gobierno.
Para el Ejecutivo central, “la prórroga de Valencia no se puede aplicar en Castellón porque no es la misma situación”, indicó, matizando que “allí son instalaciones fijas fuera de la arena, cuya concesión se acababa a final de año, pero en Castellón son infraestructuras desmontables y la situación en el Saler y Pinedo está aún pendiente de un recurso”.
Esta resolución gubernamental se dio a conocer horas después de que los empresarios se reunieran en la capital del Turia con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el conseller de Gobernación, Serafín Castellano; y la responsable de Turismo, Belén Juste, por una parte y, por otra, con el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, con el objetivo de conseguir la prórroga que después sí concedería el Gobierno central a Valencia. En ambas reuniones, tanto los representantes populares como el portavoz socialista apoyaron la petición de una moratoria que finalmente se concedió ayer.
El conseller Castellano aseguró que el Gobierno “ha ninguneado a la Comunitat” por no responder a su petición de reunión para tratar el traspaso de competencias.
REIVINDICACIÓN DEL SECTOR // Pero los hosteleros castellonenses no se conforman y exigen el mismo trato para salvar sus negocios ante la inminente aplicación de la ley de Costas del año 1988. Gonzalo Romero, concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Castellón --que estuvo presente en ambos encuentros--, instó al Gobierno a que otorgue también a Castellón una moratoria indefinida “hasta que transfiera a la Generalitat las competencias para regular los locales en el litoral”. Para Romero, “el Estado ya ha otorgado las responsabilidades en esta materia a Cataluña, por lo que debe de hacer lo mismo con la nuestra”, ya que, “la Comunitat es donde más tajantemente está aplicando la normativa”.Romero también recordó que la desaparición de los chiringuitos, solo en la capital, “supondrán la pérdida de unos 200 empleos”. “Y eso no lo vamos a consentir porque es una tropelía”, añadió.
Por su parte, El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Carlos Escorihuela, recalcó que “no es justo que para unos se otorguen prórrogas y para otros no”. Además, recordó que “en la Federación de Hosteleros de la Comunitat estamos todos representados, incluidos los de Castellón”. No obstante, Escorihuela remarcó que “confíamos en que el futuro haya un trato de igualdad porque los chiringuitos forman ya parte de nuestro patrimonio cultural, son imprescindibles para el turismo y no se pueden eliminar”. H
