La tramitación de una licencia para la ampliación o apertura de una explotación minera puede durar “en muchos casos hasta 10 años”. Es la denuncia que hacen los empresarios de la minería ante la lentitud con la que la administración valenciana gestiona los expedientes que han de garantizar el abastecimiento de materias primas a la industria azulejera, ya que las actuales concesiones legales están agotándose.
Según empresarios del sector, “el problema es que, en ese transcurso de tiempo, proliferan un sin fin de normas urbanísticas y medioambientales que hacen una misión imposible la aprobación de tales proyectos”. Por si fuera poco, añaden que, “en la mayoría de los casos se aplican a los expedientes ya iniciados, generando duplicidades de procedimiento”. A modo de ejemplo, aseguran que “una declaración de impacto ambiental favorable puede encontrarse dos años después con un informe de la Dirección General de Paisaje desfavora ble emitido durante el trámite de solicitud de Declaración de Interés Comunitario, que vuelve a analizar aspectos ambientales ya tenidos en cuenta en la DIA”.
Los empresarios mineros aseguran que son favorables a que su actividad debe ser “sostenible”, para lo que se han de tomar todas las precauciones, pero lamentan que la lentitud de los procesos obliga “a sufragar a las empresas una serie de gastos en proyectos y asesoramiento legal que hacen imposible la rentabilidad de las explotaciones”. Por este motivo, exigen la redacción de “una normativa específica y clara” que delimite este ámbito legal, y recuerdan que la UE ha alertado esta misma semana de la necesidad de buscar soluciones al suministro de materias primas esenciales para la industria europea”. H
