Los constructores de Castellón alertaron ayer de la subida de los precios del alquiler y la vivienda, y el consiguiente ahogo para el consumidor y el propio promotor, que traerá la reforma planteada el pasado martes por la ministra del área, Beatriz Corredor, y que incluye una importante reducción de ayudas económicas.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC), Fermín Renau, señaló ayer que "el mercado de la vivienda es indudable que está cambiando y el Ministerio está intentando moldear el sector de la construcción a su antojo, conduciéndolo hacia el alquiler y la rehabilitación".

No obstante, añadió, "lo hacen desde la incoherencia, pues dicen que apuestan por la vivienda protegida (VPP) de alquiler, pero reducen las subvenciones un 40%, entonces, ¿qué pasará con el resto? Le van a hacer un flaco favor al ciudadano, que va a ver cómo suben los alquileres".

En opinión de Renau, "la deteriorada situación actual aboca a los ciudadanos de a pie a no embarcarse en grandes inversiones, como puede ser la compra de un piso. Ante esto, incentivar la VPP de alquiler y la rehabilitación, si fuera real, constituiría una salida para estos ciudadanos más desprotegidos, pero con lo que proponen ahora no lo es".

Desde la patronal de los constructores de Castellón "no comprenden" qué "pretende arreglar" el Ministerio que dirige Corredor con estas medidas, pues "van a hacer imposible vender el estoc y van a obligar a la sociedad a adoptar un nuevo modelo conceptual ante la vivienda, haciendo que los promotores desistan en su empeño por seguir trabajando. Lo que con el tiempo nos va a llevar --con menos ayudas para promotor y cliente-- es a un encarecimiento desmesurado del precio de la vivienda, seguramente cuando ya todas sean de los bancos".

Sobre otra de las decisiones del Ministerio, consistente en el cambio de las ayudas de entrada a la vivienda por hipoteca, "se debería reflexionar que a los ciudadanos se les debe apoyar todo lo posible para acceder a la vivienda, ya que es un bien de primera necesidad y un derecho en la Constitución".

RETRASOS // Renau añadió que, además, "el Estado recupera con creces vía impuestos la cuantía de las ayudas y los empresarios tenemos que soportar en estos momentos el retraso de dos años que tiene la Generalitat en hacer efectivo el pago de las autonómicas". Y siguió argumentando: "No me cabe ninguna duda de que hemos cometido errores, pero, si queremos terminar con el paro, deberemos ver la forma de digerir lo que hemos hecho y empezar a adoptar medidas efectivas, pues las anunciadas son negativas y pesimistas, sobre todo para resolver la crisis, y no sé si le solucionará algo al Gobierno, pero tengo serias dudas".