Castellón es una ciudad que en los últimos cincuenta años ha perdido gran parte de su patrimonio histórico-artístico. Edificios que hoy supondrían un importante valor, no solo cultural, sino también económico y social, sólo quedan en la memoria ciudadana de los más mayores o en las instantáneas en blanco y negro de un Castellón que se fue. Lo cierto es que la sensibilidad ciudadana hacia el patrimonio del pasado es hoy un importante valor social y tanto las administraciones como los propios ciudadanos valoran el legado del pasado y más si tiene valor histórico o artístico.

En la historia de la ciudad perdida hay varios edificios desaparecidos que merecen el recuerdo, aunque solo sea para que nunca más se repita el desprecio hacia la historia y el patrimonio común. El primer edificio que se derribó por la piqueta fue la propia Iglesia Mayor de Santa María, un edificio gótico calificado como monumento nacional por el Gobierno de la Segunda República que fue destruido en la barbarie de la Guerra Civil. En los años setenta se derribaron varios edificios emblemáticos como el Casino del Círculo Mercantil en la Puerta del Sol, el antiguo convento de agustinos de la calle Mayor o los edificios modernistas de la calle de Enmedio.

Y ya en los años 80, en plena democracia, la piqueta acabó con otro edificio emblemático de la ciudad que fue la antigua prisión de la Ronda Magdalena, obra decimonónica del arquitecto Manuel Montesinos Arlandis. El edificio fue destruido tras el traslado de los presos a la nueva cárcel construida en la carretera de l’Alcora y en su solar se levantó una plaza dedicada a las Islas Columbretes. El derribo de la antigua cárcel de la Ronda provocó una cierta polémica en la ciudad y varias entidades como el Colegio de Arquitectos calificaron de barbaridad su demolición. Otros opinaron que este edificio era un símbolo de los años de represión y por tanto su derribo fue una asignatura pendiente de la entonces joven democracia.

Pero en aquella semana de octubre llegó una notificación de la Generalitat al Ayuntamiento de la capital en la que se confirmó la ilegalidad del derribo, ya que el edificio de Montesinos Arlandis estaba protegido por el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, con la misma categoría que el Fadrí. H