Derechos económicos: renta básica y prestaciones; y la igualdad de minorías étnicas, sexuales y de género; abolición de medidas discriminatorias como ley de extranjería.
Derogación de la reforma laboral, no a la ley de pensiones, sueldos dignos, seguridad en el empleo y reconocimiento del trabajo doméstico.
Derecho al ambiente saludable: apuesta por decrecimiento, cierre de centrales nucleares, sí a energías renovables y un consumo responsable.
Independencia del Poder Judicial; no al nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
Control del sistema económico y financiero con prohibición de rescates o inyección de capital a entidades bancarias y comercio justo mundial.
Desde la supresión de vehículos oficiales hasta cobrar un único salario de la Administración, pasando por eliminar cargos de libre designación.
Considerar bienes de utilidad pública los servicios de primera necesidad como energía, alimentación... y servicios públicos universales y de calidad en la educación y la sanidad.
