Los juzgados no van bien. Lo dicen los ciudadanos que reciben el servicio, los funcionarios, que lo ofrecen, y los responsables de la administración. Largas colas de castellonenses se agrupan delante del Registro Civil de lunes a viernes y pilas de documentos se amontonan en el suelo de las oficinas de la Ciudad de la Justicia a la espera que los trabajadores los traten. Los recortes de Conselleria reducen la productividad de los funcionarios, que se quejan por la falta de personal, y, ahora, por la carencia de materiales de oficina. En el juzgado de lo Penal nº 2 de la capital de la Plana coleccionan las peticiones de archivadores y estanterías, mientras montones de cajas llenas de casos rodean sus mesas de trabajo. Aun así, todos coinciden en que el principal problema del poder judicial es la falta de digitalización. Lo decía el exdecano del Colegio de Abogados, Manuel Badenes, hace dos meses a Mediterráneo: “No podemos tener una administración de Justicia del XIX en pleno siglo XXI”; una verdad universal entre el poder judicial español. La provincia no es una excepción dentro de la carencia de la digitalización y presume de contar con un solo informático en toda la Ciudad de la Justicia.

La reproducción electrónica del sistema judicial es una ardua tarea en un sistema acostumbrado a tratar con el papel y que no se fía de la informática. La cultura burocrática pasa por la trata de documentos físicos, firmas a bolígrafo y archivos expedientados en estanterías (compradas o fabricadas por los propios funcionarios) o en el suelo. H