Ocho prioridades. Crédito, impulso al turismo, potenciación de la I+D, aplicación de medidas fiscales incentivadoras, apoyo a la internacionalización, máxima austeridad administrativa, pago a proveedores, proyección internacional y formación técnica y reciclaje de profesionales. Son las que han marcado los principales representantes de la economía y la empresa en la provincia al nuevo Consell, recién constituido. El objetivo es uno: crear empleo.
Han pasado ya más de tres años desde que la crisis económica comenzara a mostrarse, siendo el primer y principal efecto la espectacular destrucción de puestos de trabajo. Sin embargo, transcurrido ese tiempo, en lugar de mejorar, la coyuntura económica está estancada, en el mejor de los casos, o sigue cayendo, habiendo alcanzado el paro un nivel récord de más de 62.000 personas.
LAS CONSECUENCIAS
Las consecuencias de esta situación económica han sido devastadoras. La recaudación en las arcas públicas se ha hundido de manera espectacular. Por poner un ejemplo, solo en el impuesto de sociedades, la recaudación ha pasado de 638,78 millones de euros en el 2007 a 138,052 millones al final del ejercicio 2010. Mientras, el pago en prestaciones por desempleo se ha disparado, sumando alrededor de 40 millones de euros mensuales en toda la provincia.
Ello ha conllevado un frenazo a todas las inversiones, y un bloqueo al pago de los proveedores, lo que ha repercutido en una reducción del consumo. Ahora, y ante la falta de perspectivas para que se produzca un cambio de la coyuntura, que pasa inevitablemente por un aumento del empleo, los empresarios proponen al nuevo Consell una serie de medidas destinadas a que la Administración autonómica sea una ayuda y no un lastre para la recuperación económica.
CONTROL DEL GASTO PÚBLICO
Si hay una prioridad para los empresarios, esa es la austeridad. La época de bonanza ha terminado y, por lo tanto, hay que hacer más con menos. Además, se hace necesario buscar nuevas fuentes de financiación externa y aligerar la cantidad de cargos públicos que ahora existen, muchas veces duplicando incluso tareas entre departamentos. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ya ha señalado que es imprescindible “un Gobierno operativo y fuerte” porque se van a tener que tomar “decisiones duras e incluso impopulares, pero tenemos que tirar hacia adelante”. La meta: reducir los 17.895 millones de euros a los que asciende el endeudamiento de la Generalitat valenciana.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), José Roca, no solo incide en la necesidad de que haya mayor austeridad, sino en que la “administración autonómica se modernice al máximo, de manera que su gestión sea más ágil” y más enfocada en aras de la “productividad”. Asimismo, Roca también defiende “la colaboración entre las administraciones para erradicar el fraude, la inseguridad ciudadana y la economía sumergida”.
En definitiva, una profesionalización de la administración, que debe estar al servicio de la sociedad y no a la inversa.
A priori, el día de la investidura de Francisco Camps, este ya dejó traslucir que uno de sus objetivos para esta legislatura era el ahorro de 1.150 millones de las arcas públicas. Asimismo, también ha prometido reducir el número de conselleries.
COBRO DE DEUDAS
El pago a los proveedores es otra de las máxima prioridades que se han marcado los empresarios entre sus principales objetivos a cumplir por el nuevo Consell de la Generalitat que preside Francisco Camps. Y es que los retrasos que arrastra la administración regional, mucho más allá del máximo que marca la legislación, solo contribuye a dificultar la supervivencia de las empresas, que se ven obligadas a tener que cerrar por no poder hacer frente a los gastos al no tener los ingresos de una Administración que, teóricamente, debería predicar con el ejemplo.
Según han venido denunciando los empresarios, el plazo de pago que maneja la Generalitat llega en algunos casos a más de dos años, y sectores como el farmacéutico o el de las infraestructuras han amenazado con dejar de servir material, o de hecho han paralizado obras --caso del Palau de Justícia de Vila-real, por poner solo un ejemplo-- ante la falta del cumplimiento de los compromisos de pago.
Según han estimado algunas fuentes, además del déficit público, la Generalitat arrastra un atraso en el pago de facturas que supera los 1.500 millones de euros, un dinero que no llega a las empresas, que son las que tienen que crear empleo, y que ante estas deudas no pueden ni pagar a su vez a sus proveedores de material o hacer frente a las nóminas de los trabajadores.
La CEC habla de establecer un calendario de pago, de manera que el Consell pueda hacer frente a sus compromisos, sin que ello implique una bancarrota de la institución, pero sin que las facturas se queden meses y meses en un cajón, a la espera de una mejor ocasión.
