El desarrollo de la ley de dependencia en Castellón está prácticamente parado. En los últimos 11 meses ha disminuido el número de beneficiarios registrados en el sistema y ni siquiera se está cubriendo la tasa de reposición, es decir, mueren más dependientes que los nuevos que acceden a las ayudas del sistema.

Cinco años después de la aprobación de la norma, la ley no ha cumplido las expectativas con las que nació. Ni mucho menos. Los datos de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social revelan que en estos momentos hay en Castellón 5.282 personas (en enero de este mismo año había 5.547) cuando las estimaciones del entonces ministro Jesús Caldera hablaban de unos 25.000 beneficiarios en la provincia. Lo peor de estas cifras es que 3.237 personas (el 38%) tienen reconocida la ayuda, pero siguen esperando el dinero o una plaza en un centro residencial. “Lo lamentable es que en este tiempo han fallecido más de 30.000 personas en la Comunitat Valenciana sin haber recibido las prestaciones que por ley tenían derecho”, denuncian los portavoces de la plataforma en Defensa de la ley de dependencia, que este sábado ha convocado una concentración de protesta en la plaza María Agustina de la capital.

En los últimos meses el ritmo de dependientes que solicitan las ayudas se ha frenado de manera considerable y en los servicios sociales la carga de trabajo ya no es la que era. Ahora mismo, y siempre según las estadísticas de la Conselleria, cada día dos personas de Castellón solicitan la ayuda. En 2010 la media alcanzó las 13 diarias y en total se calcula que en estos cinco años casi 20.000 personas (la mayoría pensionistas) han pedido las ayudas económicas o los servicios que contempla la normativa.

LA CULPA, DEL GOBIERNO // La situación de stand by de la ley en la Comunitat (en la mayoría de regiones los datos también son negativos) tiene un culpable y ese es, a juicio de la Generalitat (la administración encargada de aplicar la normativa) el Gobierno central. En el último año tanto el conseller Jorge Cabre como su antecesora en el cargo Angélica Such no se han cansado de repetir que el Consell es quien soporta todo el peso de la financiación de la ley. “No es admisible que la Generalitat soporte el 70% de la financiación y esta debería ser al 50%”, han sostenido.

A pesar de las dificultades, la Conselleria niega el parón. “Desde junio de este año hasta la fecha se han presentado 402 solicitudes nuevas y estamos atendiendo a 5.282 personas, frente a las 5.088 que atendíamos en junio”, explican desde Bienestar Social.

Los sindicatos, en cambio, son mucho más pesimistas. “En 2011 solo se han atendido 1.500 de las 5.000 nuevas solicitudes y desde agosto ha descendido el número de solicitudes de reconocimiento y en dictámenes”, denunció ayer Eva Hernández, secretaria de Política Social de CCOOPV, que anunció la creación de una alianza de entidades para defender los servicios sociales. H