La ampliación de capital de la empresa municipal Gumsa en 639.996 euros garantizará la supervivencia de la mercantil de desarrollo de suelo durante el presente mandato de Alfonso Bataller.
El alcalde de Castellón ha decidido mantener con vida la firma, si bien tendrá una estructura mínima de apenas dos auxiliares administrativas para reducir gastos y su sede social se trasladará a un local del Ayuntamiento para ahorrar el alquiler de la actual sede de la calle Gobernador. El presupuesto del ente apenas rondará los 149.328 euros y ya no incluirá la nómina de Gonzalo Izquierdo, quien cesó como gerente a finales de noviembre, y tampoco los contratos con asesorías técnicas externas, también cancelados.
El expediente municipal --que se someterá a aprobación hoy en un pleno extraordinario previo a la sesión donde verá la luz el presupuesto de 2012-- subraya que Gumsa solo focalizará su actividad el próximo año en un único proyecto: culminar la urbanización de la unidad de ejecución 36-UER, que permitirá alzar un máximo de 191 viviendas en la cuadra Saboner. La previsión municipal es que ese suelo residencial esté listo antes de abril.
De momento quedará aparcada la intervención de Gumsa para avanzar la tramitación de Parc Castelló dado que los propietarios de suelo no han logrado concretar la venta de sus terrenos a un inversor extranjero.
El dinero que aportará el consistorio para la ampliación de capital permitirá sanear las cuentas de Gumsa. La empresa municipal suele ejecutar desarrollos urbanísticos que no son rentables por su pequeño tamaño o por plantearse en zonas residenciales de Castellón de baja cotización en el mercado inmobiliario. De ahí que cada año el balance económico arroje números rojos.
La portavoz municipal del PSPV-PSOE, Amparo Marco, anunció ayer que hoy pedirá en el pleno la desaparición de Gumsa. “La Administración ha de ser eficiente y eficaz, pero Gumsa no es ni lo uno ni lo otro”, afirmó. En su opinión, mantener un organismo que cuesta dinero al ciudadano sin obtener ninguna rentabilidad social es una razón “más que fundada” para descartar su viabilidad y proceder a su liquidación. Según señaló Marco, el consistorio deberá aportar en el futuro otros 1,9 millones de euros para reducir el endeudamiento de los últimos ejercicios. “El dinero público debe destinarse a incentivar la economía productiva y generar empleo”, añadió.
