No se van a rendir. Las familias de los presuntos bebés robados de Castellón no disimulan su decepción ante el inminente archivo de la gran mayoría de los casos y anuncian que piensan llegar hasta el final y que no van a parar hasta averiguar qué fue de sus hijos o hermanos dados por muertos al nacer para posteriormente ser dados en adopción de forma irregular. “No es justo, pero no vamos a rendirnos. Si esta puerta se nos cierra buscaremos otra y si hace falta iremos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo”, aseguran fuentes de la asociación SOS Bebés Robados, que aglutina a la mayoría de las familias de Castellón que en el último año ha denunciado ante la Fiscalía Provincial el hurto de sus bebés.

Juan Salom, el fiscal que coordina todas las investigaciones, ya ha comunicado a las familias que en las próximas semanas cerrará 13 de los 14 casos que investiga y solo dejará abierta la denuncia que afecta a una niña nacida en 1979 en la clínica privada Palomo de Castellón. “Nos lo esperábamos, pero no nos parece justo. Sabemos que las investigaciones son complicados, pero pedimos Justicia y, lo más importante, saber la verdad”, insisten desde el colectivo.

Pero antes de acudir a Estrasburgo (el colectivo, de hecho, lleva meses recogiendo firmas para pedir al tribunal europeo que no permitan que se cierren los casos), las víctimas tienen otra posibilidad. Cuando su caso sea cerrado por parte de la Fiscalía pueden volver a denunciar y es posible que la investigación se reabra en los juzgados, una opción que para las familias supondría más demoras en el tiempo pero también un importante desembolso económico en abogados y procuradores.

Para manifestar su total disconformidad con la decisión de la Fiscalía de Castellón y de otras provincias de dar carpetazo al grueso de los casos investigados, una delegación de familiares de niños robados de Castellón participará este viernes en una concentración frente a la sede del ministerio público de Valencia. La protesta tendrá lugar a las 11.00 de la mañana precisamente el día en el que se cumplirá un año de la denuncia colectiva ante el fiscal general del Estado.