El juez instructor del caso Naranjax ha dado tres días de plazo al presidente del PP provincial, Carlos Fabra, para que señale los bienes que le pueden ser embargados para que así cubra el total de la fianza de 4,27 millones de euros que debe depositar después de que se decidiera abrir juicio oral contra él por cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias.

Como avanzó ayer Mediterráneo, el equipo jurídico del expresidente de la Diputación ya ha presentado ante el juez documentos sobre bienes con los que hacer frente a la citada cantidad.

En un decreto hecho público ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, el magistrado Jacobo Pin (titular del juzgado de Instrucción de Nules) desestima la petición de Fabra y su mujer, María Amparo Fernández, quienes solicitaron un mayor plazo para responder a ella --el estipulado venció el día 25--.

Según la resolución judicial, una vez transcurrido el plazo “sin que lo hayan verificado --el depósito de la fianza--, de conformidad con lo dispuesto en el referido auto, procede el embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente a cubrir dicha suma o acredítese en legal forma la insolvencia”. El juez insta al acusado a que en tres días --a contar desde el sellado de la notificación por el procurador-- “manifieste la relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la fianza concretada en el auto de apertura de juicio oral”.

Esta medida no solo va dirigida a Fabra, sino también a su esposa, al empresario Vicente Vilar y a su exmujer, Montserrat Vives, imputados también en la causa. Las fianzas de estos dos últimos son de 800.000 euros cada uno, mientras que la de María Amparo Fernández asciende a 1,7 millones.

El TSJ valenciano informó ayer de que Vilar y Vives “no han contestado en sentido alguno” a la petición del dinero fijado por el juez. Este diario ya avanzó el miércoles que Montserrat Vives no tenía intención de presentar cantidad alguna “porque su exmarido la ha arruinado”.

Estas fianzas tan elevadas (la de Fabra es una de las más altas jamás impuesta a un político en España) son “en previsión de que, si del juicio resulta una responsabilidad civil, esta se puede cubrir”. Debido precisamente a la elevada cifra marcada para Fabra, sus abogados también reclamaron esta semana “la aclaración del auto que imponía la fianza”. La petición fue desestimada por el juez. “Debe manifestar los bienes de que dispone. En caso de no verificarlo se procederá de oficio o a instancia de parte a la averiguación de bienes susceptibles de embargo, y podrán imponérsele multas coercitivas periódicas”.

Los cuatro imputados tienen un plazo de cinco días para presentar contra el auto un recurso de revisión ante el secretario de Nules (quien lo dicta), para lo que deberán depositar 25 euros para que sea admitido a trámite.

AEROCAS // Por otra parte, preguntado Javier Moliner sobre si Fabra debe estar al frente de Aerocas, el presidente de la Diputación dijo: “El espacio judicial debe seguir su proceso hasta que se vea que es una persecución política. Mientras, como principal promotor del aeropuerto que es, Fabra debe seguir al frente”. H