En la provincia de Castellón se casan anualmente una media de mil parejas por la vía civil, es decir, en ayuntamientos y juzgados, y se producen otros mil divorcios consensuados que, en adelante, podrían ser tramitados ante notario gracias a la nueva ley de mediación y de jurisdicción voluntaria que propuso hace unas semanas el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de enlaces por la vía civil en la provincia han rondado los 1.200 en los últimos años, desde los 1.142 del año 2006, los 1.314 de 2007, los 1.244 de 2008 y los 1.217 de 2009. Como anunció Ruiz-Gallardón, el Gobierno tiene previsto que muchos casos que actualmente deben ser tramitados por vía judicial puedan materializarse ante notario, para resolver “muchos asuntos que en estos momentos están atascados” y descongestionar los juzgados.

Los notarios de Castellón aplauden esta propuesta pues por sus manos podrían llegar a pasar hasta dos mil tramitaciones de jurisdicción voluntaria. Solo en el 2010, en la provincia se celebraron un total de 964 divorcios consensuados (750 en los nueve primeros meses del 2011) y 2.037 matrimonios, de los cuales 774 fueron por el rito católico, seis por otra religión y 1.257 por la vía civil. Además, en Castellón se separan de manera consensuada unas 64 parejas de media (por 41 que no) y se divorcian por lo contencioso otras 608 al año.

efectividad // Notarios como el castellonense Joaquín Serrano esperan con fervor la medida, que daría un impulso a la actividad económica de un sector muy afectado por la crisis empresarial y la parálisis de la construcción. No obstante, considera que “la idea final es que la justicia sea más rápida”. “Nosotros ofrecemos efectividad. Los trámites se harían de hoy para mañana y los juzgados se descongestionarían”, apunta Serrano, que recuerda que solo pueden tramitar los casos de mutuo acuerdo y nunca podrían actuar en un divorcio con niños de por medio. Respecto al coste del proceso, el notario lo tasa “en unos 50 euros” y, “además, te evitas contratar un abogado”.

En caso que aprobarse la ley, ayuntamientos y juzgados podrían seguir casando. Aunque la celebración del acto nupcial variaría en las notarías pues “aquí solo se firma un papel, no hay ceremonia”, señala Serrano, que explica que son los notarios a nivel particular los que deben plantearse si lo engalanan. H