La consellera de Urbanismo, Isabel Bonig, negó ayer que se realizaran “subterfugios” o “arbitrariedades” a la hora de tramitar el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) para devolver al documento su legalidad, tras su anulación en el año 2008 por el Tribunal Supremo.
En estos términos se expresó ayer en la comisión de Medio Ambiente de Les Corts, donde respondió a una pregunta formulada por la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, y que fue finalmente defendida por Lluís Torró. En ella instaban a la consellera a que explicara cuáles son los siguientes pasos que se van a dar para restituir el urbanismo municipal.
La consellera justificó en su exposición que la segunda resolución del Supremo contra el PGOU de Castellón, es fruto de “un problema de interpretación jurídica”. Asimismo, reiteró que ya en el año 2010, cuando la comisión territorial de Urbanismo votó favorablemente a su aprobación, el 26 de abril del 2010 hubo un auto del TSJCV en el que se daba por validada correctamente el proceso de exposición pública y su aprobación. Bonig señaló que si hay una opinión distinta por parte del Supremo es porque “los particulares” recurrieron a una instancia superior, y que estos hechos se dan “todos los días”.
En este sentido, recordó que ya ha habido una reunión “al más alto nivel” entre los técnicos del Ayuntamiento y de la Conselleria para volver a iniciar todo el proceso que permita restituir la legalidad del PGOU.
Precisamente, ayer, el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Ángel Mulet, y la vicealcaldesa de Castellón, Marta Gallén, se reunieron ayer con representantes del PSOE, Bloc y EU para detallar todos los trámites, “todo lo necesario para evitar cualquier tipo de duda o error”, dijo Mulet. La portavoz municipal de EU, Carmen Carreras, reiteró al PP su exigencia de que se tramite un “nuevo plan general adaptado a la realidad actual de Castellón porque dentro de unos años volveremos a vernos en la misma tesitura”. H
