La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, manifestó ayer que “la Generalitat va a iniciar los contactos con ayuntamientos y entidades para ayudar a las familias víctimas de desahucios en la Comunitat”. Las personas en riesgo de exclusión social por haber perdido su vivienda habitual como consecuencia de la crisis hipotecaria o de situaciones excepcionales se podrán beneficiar del plan extraordinario de arrendamiento de vivienda pública. Ya ha habido conversaciones informales del Consell con los Ayuntamientos de Castellón y Burriana.
Por su parte la diputada del PSPV-PSOE en Les Corts, María José Salvador, denunció que el Consell debe 250 millones a unas 30.000 personas por ayudas a la vivienda. H
