El grupo socialista defenderá el próximo martes en el pleno de la Diputación de Castellón una moción para pedir a la institución provincial que firme un convenio con el Colegio Oficial de Abogados de Castellón encaminado a dar cobertura a los pueblos de menos de 5.000 habitantes y atender a las personas con problemas en el pago de sus hipotecas.
Así lo anunció ayer el diputado provincial Juan Miguel Salvador, quien también propuso la puesta en marcha de una oficina de intermediación hipotecaria, como un servicio de apoyo dirigido a personas o familias con dificultades para hacer frente al pago de sus préstamos y que corren el riesgo de ser desalojadas.
Salvador recordó que solo el pasado año se ejecutaron en la provincia de Castellón 1.796 desalojos, una cifra récord derivada de la complicada coyuntura económica que sufren numerosas familias.
