A partir del próximo 7 de julio, y en un plazo de tres años, las viviendas que tengan más de 50 años y que estén en los 12 municipios de más de 25.000 habitantes de la provincia (Castellón, Vila-real, Burriana, Almassora, Vinaròs, Benicarló, la Vall d’Uixó, Nules, Onda, Benicàssim, Peñíscola, Alcalà de Xivert y Orpesa) deberán pasar una revisión para certificar su estado, sobre todo en lo que se refiere a su estructura.

Así lo recoge la normativa europea y estatal a la que los ayuntamientos se deberán acoplar mediante ordenanzas que todavía no han sido aprobadas, tal y como destacaron los representantes de la Asociación de empresarios de la construcción y de los colegios de arquitectos y aparejadores y arquitectos técnicos.

Estos organismos se pusieron ayer a disposición de los consistorios para redactar las ordenanzas y para asesorarles en unos trámites que desembocarán en la revisión, que puede costar entre 30 y 60 euros por vivienda, dijeron. H