Se acabó el tiempo. El jueves expiró el plazo para la incorporación del personal doméstico, en su mayoría mujeres inmigrantes, al régimen general de la Seguridad Social. Desde ese día se extingue el sistema especial que regía hasta ahora, que solo exigía hacer contrato a quienes trabajaran más de 20 horas semanales en un mismo domicilio, y ya es absolutamente obligatorio dar de alta a todas las trabajadoras, aunque sea por dos horas a la semana. Y quien no lo ha hecho, que sepa que se expone a una multa de entre 626 y 6.250 euros.
La nueva regulación, a falta de los datos de la última semana de junio, no ha cumplido las expectativas. Dos son las razones: porque no todas las empleadas que antes cotizaban en el régimen especial han pasado al general y porque la ley no ha logrado (al menos de momento) que las más de 3.000 mujeres que en Castellón se estima que trabajan en negro coticen a la Seguridad Social y regularicen su situación.
Los últimos datos que dispone la Dirección Provincial de la Seguridad Social en Castellón datan del pasado 22 de junio. Hasta esa fecha se habían regularizado 1.940 trabajadoras y las estimaciones que maneja Trabajo hablan de una cifra total de 2.200, teniendo en cuenta que cada día de junio hubo una media de 45 altas en la provincia.
En España se estima que hay más de 700.000 empleadas del hogar, según la EPA, de las que 400.000 aún estarían fuera del sistema, según los sindicatos.
Precisamente, para los sindicatos la cifra es decepcionante: En diciembre del 2011 se contabilizaban en la provincia 2.739 empleadas de hogar (1.514 continuas y 1.225 discontinuas). La mayoría de quienes ya cotizaban en el régimen especial han pasado al general. Pero se estima que el colectivo lo integran 6.000 profesionales. Las que trabajaban en la economía sumergida lo continúan haciendo, con la excepción de pocos casos. “Hay empleadores que se han negado para no asumir los gastos de la Seguridad Social y también ha habido despidos”, denuncia Amparo Madrigal, de Comisiones Obreras. H
