La nueva regulación de las empleadas de hogar fue impulsada por el anterior Gobierno socialista y se aprobó para dar respuesta a algunas de las reivindicaciones del colectivo y mejorar sus condiciones laborales, especialmente su protección ante enfermedades o accidentes, aunque seguirán sin tener derecho a cobrar paro. Y también, bajo amenaza de multa, para hacer aflorar el gran volumen de empleo sumergido que registra esta actividad concreta.

Aunque los sindicatos responsabilizan del poco éxito de la normativa a los empleadores, lo cierto es que hay muchas empleadas que desde el primer momento rechazaron de plano regularizar su situación. Es el caso de Micaela, una empleda de 38 años de origen rumano que cada semana limpia en seis casas distintas. “Si en las casas a las que voy me dan de alta pierdo la ayuda de los 426 euros y me arriesgo a dejar de cobrar la beca del comedor de mis hijos”, reconoce esta trabajadora.

También se han dado casos en los que han sido los propios empleadores quienes se han negado a hacer los trámites y a asumir los costes que conlleva la regularización. “Hay mucha gente que no puede permitirse pagar más a la mujer que le va a limpiar tres horas a la semana. También ha habido mucha gente mayor que se ha asustado ante tanto papeleo”, aseguran en los mismos sindicatos.

Pero aunque las cifras son las que son, tanto los sindicatos como el Ministerio de Trabajo creen que en los próximos meses habrá un incremento de regularizaciones. Hay empleadores, que ahora pagan a las trabajadoras en negro, que esperan a que pase el verano para dar el paso hacia la legalidad. H