Asfixia total. Los principales centros de discapacitados de Castellón llevan meses haciendo encaje de bolillos para cuadrar las cuentas, pero aseguran que la situación ha llegado al límite, y que no podrán resistir muchas semanas más. El Consell les adeuda más de dos millones de euros y muchos de los empleados (más de 200) no han cobrado la paga extra de verano. Eso, en el mejor de los casos. Otros llevan más de dos meses trabajando gratis.
Se pregunte donde se pregunte la respuesta es la misma y el desánimo es total. “Nunca en 30 años habíamos asistido a retrasos de tanta magnitud”, reconocen en la Fundación Aspropace de Castellón, con más de 150 usuarios, todos con parálisis cerebral. Solo a esta entidad la Conselleria de Bienestar Social le debe 900.000 euros, un dinero conveniado y que a Aspropace le sirve para pagar las nóminas de buena parte de sus 65 trabajadores y hacer frente a los gastos de luz, agua de los centros de día, atención temprana y residencia. “No es decente que profesionales como enfermeras o fisioterapeutas tengan que estar pendientes, día sí y día también, de si llega o no el dinero” , denuncian.
En Down Castellón la pesadilla es la misma. 21 trabajadores llevan más de dos meses sin cobrar sus nóminas. Las deudas alcanzan los 642.000 euros y no pueden hacer frente a los pagos del IRPF, la Seguridad Social, o los alquileres. “El Servef nos debe 277.000 euros, la Conselleria de Bienestar Social otros 314.000, y la de Educación, 51.000 euros”, reconocen en este colectivo.
COBRAR, PERO NO TODO // Aunque la Generalitat debe dinero a la totalidad de los centros de discapacitados de Castellón, algunos han tenido más suerte. Afanías, por ejemplo, recibió una inyección de dinero hace unos meses y ahora mismo le quedan otros 258.000 euros por cobrar. “Nos pagaron los gastos de la residencia, el centro de día y las viviendas tuteladas, aunque queda el centro ocupacional. Saber cuándo se saldará la deuda total es una incógnita”, explican.
La deuda que acumula mes tras mes el Consell con los centros de discapacitados de Castellón tiene otra lectura. “Lo que está juego es nada menos que el mantenimiento de toda una red de centros que se han logrado poner en marcha tras décadas de trabajo y esfuerzo y que prestan un servicio esencial a cientos de usarios y de familias de la provincia”, señala Carmen Barceló, presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales.
Ante el cúmulo de deudas, las asociaciones no se han quedado calladas. Descartan una huelga, pero sí han puesto en marcha otras medidas de presión. Decenas de familiares, a título individual, han enviado cartas al presidente del Consell, Alberto Fabra, en las que piden el pronto pago de las subvenciones. H
