Los alcaldes de Castellón se quejan frecuentemente de que sus ayuntamientos asumen muchas competencias que no les corresponden. Y el último borrador de la reforma de la administración local que prepara el Gobierno, y que posiblemente se aprobará este mismo viernes, viene a darles la razón. El documento, al que ha tenido acceso Mediterráneo, elimina prácticamente todas las competencias de los ayuntamientos en materia educativa y sanitaria y se las da en exclusiva a las comunidades autónomas. Si sale adelante el borrador, los ayuntamientos solamente participarán en la creación de centros docentes públicos (revisar el proyecto, por ejemplo) así como en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

En la práctica, eso significa que los consistorios dejarán de costear la limpieza o el suministro de gas en todos los colegios públicos, así como el salario de los conserjes. Solo el Ayuntamiento de Castellón gasta en este concepto casi 4 millones de euros al año. El de Burriana, por citar otro ejemplo, invierte otros 800.000 euros y así hasta los casi 13 millones de euros que se estima que los consistorios de la provincia invierten al año en el mantenimiento de los colegios. En el caso de los institutos de Secundaria, la competencia es del Consell.

En lo que tampoco van a tener competencias los ayuntamientos es en la puesta en práctica de programas relacionados con la prevención de la salud, la higiene sanitaria o el mantenimiento de algunos consultorios médicos (los más pequeños), así como en el mantenimiento de las escuelas de música, guarderías u otros servicios sociales considerados no básicos como la teleasistencia.

En el último borrador del proyecto, que el PP está intentado negociar in extremis con el PSOE, se establecen las 16 competencias básicas que deberán asumir todos los ayuntamientos (ver cuadro adjunto), pero se deja muy claro que el Gobierno ejercerá un papel de vigilante. Es decir, el texto da un mayor control al Ejecutivo sobre los municipios, sobre todo los de menos de 20.000 habitantes (en Castellón, todos menos ocho). Así, como ayer avanzó Mediterráneo, el Gobierno podrá incluso determinar que un ayuntamiento deba ceder sus competencias a las diputaciones (que ganan peso) si no cumple con los criterios de estabilidad fijados. ¿Y cuáles son esos criterios? No presentar cuentas al Consejo de Cuentas, no cumplir con los criterios de deuda municipal o superar el límite legal de endeudamiento. Aunque la medida afecta a los municipios de menos de 20.000 habitantes, el texto en cuestión deja claro que los más grandes también podrán ceder parte de sus competencias a las diputaciones.