La Fiscalía Provincial de Castellón ha incoado diligencias de investigación penal para dilucidar la posible existencia de un delito contra la ordenación del territorio ante la proliferación de viviendas ilegales en la zona de la Marjaleria. De momento las pesquisas del Ministerio Público solo afectan a 30 de las 700 infracciones urbanísticas cometidas presuntamente entre los años 2006 y 2012 que el grupo ecologista Gecen remitió el pasado mes de noviembre junto a una amplia documentación municipal.
El decreto del fiscal instructor --fechado el pasado 20 de diciembre-- sitúa en el punto de mira a la Generalitat y al Ayuntamiento de Castellón por una supuesta dejación de funciones para erradicar estas construcciones ilegales.
El edil de Urbanismo y portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Mulet, optó ayer por la prudencia y se limitó a señalar tras conocer la apertura de diligencias penales que “somos respetuosos con la justicia y colaboraremos en todo lo que nos solicite la Fiscalía”.
Los ecologistas reiteraron ayer su denuncia de que “los expedientes de demolición caducan, se archivan y no se ejecutan mientras las sanciones son ridículas, pendientes, caducan o se archivan”. “Esto no es fruto del azar o de no saber llevar un expediente, sino que responde a una presunta intencionalidad que la asociación también ha solicitado a la Fiscalía que investigue”, añadieron desde el Gecen.
Los ecologistas insistieron en que las supuestas responsabilidades penales no se limitan a los dueños de las casas ilegales sino también a los políticos y técnicos del consistorio y del Consell.
La denuncia ante la Fiscalía cumplimentada en noviembre motivó el rechazo unánime de las tres federaciones vecinales de la capital y de las cinco entidades de residentes de la Marjaleria, que acusaron al Gecen de querer dejar en la calle a más de 700 familias. Los vecinos se reunieron entonces con representantes de los tres grupos políticos municipales de la oposición --PSPV, Bloc y EU-- para recabar apoyos pero finalmente no llegaron a sentarse a hablar con el Gecen.
No es ésta la primera investigación penal de la Fiscalía en la capital. En mayo del 2011 abrieron otra a instancias de EU sobre los pagos a Santiago Calatrava por el Centre de Convencions, pero fue archivada dos meses después.
