Inhabitual consenso. El pleno de la Diputación aprobó ayer por unanimidad tres mociones de gran calado económico para el futuro provincial pese al complejo escenario político que precedían los respectivos asuntos. El rechazo a las solicitudes de investigación de hidrocarburos mediante la polémica técnica del fracking; la negativa al real decreto-ley de medidas contra el déficit del sistema eléctrico por gravar la cogeneración en la industria cerámica; y la reclamación a la Generalitat de la deuda que mantiene con los ayuntamientos de la provincia concitaron el voto favorable del PP, PSPV-PSOE y Compromís no sin evidentes matices políticos en las distintas argumentaciones.
El presidente de la Diputación, Javier Moliner, defendió el rigor del informe del comité de expertos que considera muy pernicioso el fracking para las características geológicas de los acuíferos de la provincia. “Hemos conseguido un documento de 82 páginas que ya forma parte de la bibliografía nacional sobre el fracking”, señaló para justificar el cambio de postura del PP respecto a la visión inicial favorable a las prospecciones. “La comisión ha trabajado desde el primer momento en absoluta autonomía y libertad”, dijo en alusión a las dudas iniciales del PSPV, por lo que su dictamen “lo asumimos como propio”.
El portavoz del PSPV-PSOE, Francesc Colomer, lanzó dudas sobre el papel que jugará la Generalitat, que es quien debe rechazar las prospecciones de hidrocarburos de la empresa Montero Energy. “Es un peligro que nos preocupa”, aseguró, ya que el fracking “entra en contradicciones con el sector turístico rural”.
DIGNIFICACIÓN POLÍTICA // Su homólogo de Compromís, Enric Nomdedéu, elogió el cambio de postura del PP. “Lo que hacemos hoy es un acto de dignificación política porque adoptamos una decisión con criterios científicos, y el PP hace algo muy difícil en política como es rectificar teniendo la mayoría absoluta”, destacó.
El consenso también prevaleció en la aprobación de la moción del PSPV para reclamar al Consell que abone la deuda que mantiene con los ayuntamientos de la provincia. El portavoz adjunto de los socialistas, Josep Gisbert, denunció que el Consell “debe a esta casa 17 millones y en algunos ayuntamientos esa deuda supone el 80% de su presupuesto”, y rechazó que el reparto de dinero margine a los municipios que están al día con sus proveedores. El vicepresidente económico, Miguel Barrachina, replicó que esa deuda del Consell se va a subsanar con el nuevo Plan de Pago a Proveedores del Gobierno. “El gasto corriente del Consell son medicinas y educación, algo muy difícil de contraer”, justificó.
La moción de Compromís contraria al real decreto-ley que suprime las bonificaciones que percibe el sector cerámico por la cogeneración de gas --enmendada por el PP-- también salió adelante por consenso. El portavoz adjunto de los populares, Vicent Sales, aseguró que la renegociación de la nueva legislación con el Gobierno es imprescindible “para mantener la competitividad de nuestras empresas”, mientras el nacionalista Enric Nomdedéu insistió en la necesidad de fortalecer el tejido industrial provincial, ya que, según recordó, el empleo que se crea es “de mayor calidad” que el vinculado al turismo.
La sesión plenaria también aprobó el plan Wifi-135, que ofrecerá puntos de acceso a la banda ancha en lugares públicos donde haya cobertura deficiente, sobre todo en municipios del interior. También hubo unanimidad en la aprobación del plan de adecuación de instalaciones municipales y del plan de aprovechamiento forestal, que afecta al 63% de la superficie provincial.
El pleno también aprobó el contrato para la prestación de servicios postales firmado con Correos por 835.000 euros anuales. Los ayuntamientos que se sumen ahorrarán un 30%. H
