La polémica está servida. Desde que el Diario Oficial de la Generalitat valenciana hiciera público el martes el nuevo decreto sobre el plan territorial de emergencias de la Comunitat, que deja al Centro de Coordinación de Emergencias de Castellón como una delegación sin capacidad para tomar decisiones --se centralizan así las competencias--, son muchos quienes han puesto el grito en el cielo.

A las primeras protestas llevadas a cabo por miembros del Consorcio de Bomberos, hechas públicas ayer por este periódico, se suman las de los líderes provinciales de la oposición. Francesc Colomer, del PSPV-PSOE, ha anunciado que en el próximo pleno de la Diputación va a presentar “una moción para solicitar que se inste a Gobernación a que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) siga en Castellón como hasta ahora y se evite, de este modo, restar eficacia y calidad al servicio que presta a los ciudadanos”. Y añadió: “No se puede jugar con la seguridad de las personas. El conseller Serafín Castellano debe de reconsiderar la decisión de trasladar este servicio a l’Eliana, en Valencia. Esto es otro episodio de ninguneo”.

En la misma línea se mostró el diputado de Compromís, Enric Nomdedéu: “Es una cuestión muy sensible, la de las emergencias, que conlleva, el conocimiento del terreno. Nos preocupa bastante cómo será la capacidad de reacción si la toma de decisiones sobre una emergencia en Castellón se hace desde Valencia”.

Desde el PP indicaron que por el momento “no tienen constancia de nada”. Mientras que la Conselleria aclaró que “de ninguna manera el CCE va a desaparecer, ni sus empleados. El CCE es un órgano autonómico y Castellón es una delegación. Solo está previsto un cambio de nombre”. H