El sector agrario de Castellón acogió con satisfacción el endurecimiento de las penas, tan demandado a través de Mediterráneo, contra los ladrones de productos e instalaciones del campo y explotaciones ganaderas. Y es que la presión pudo y ayer el Consejo de Ministros aprobó un histórico proyecto de ley, que modifica el Código Penal, con castigos mayores, de uno a tres, y hasta cuatro años de cárcel para estos delitos.
El secretario general de la Unió de Llauradors, Ramón Mampel, subrayó que “los cambios pedidos, con los que por primera vez el Código contempla en sus artículos la casuística del campo, pueden servir para frenar o disuadir de los robos. Ahora se inicia el trámite parlamentario y confiamos en que se introduzcan mejoras”. Mampel espera ahora que “jueces y fiscales lo tengan en cuenta al aplicar la norma e imponer las nuevas penas”.
EQUIPOS DE RIEGO // Por parte de la Unió, también se aplaudió que “se introduce un nuevo artículo que castiga el robo de conducciones, de cableado, equipos o componentes eléctricos o de telecomunicaciones --en Castellón se han visto muy afectadas las instalaciones de riego por el hurto de cobre-- ; y se agravan las penas a autores de incendios forestales”.
Por otro lado, Mampel destacó que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, haya anunciado “un plan de prevención contra los robos en el sector agrario”, en el que la Unió “quiere colaborar activamente, para que bajen los robos y se persiga la venta fraudulenta a almacenes.
Otras organizaciones, como Asaja, COAG, UPA o Cooperativas Agroalimentarias, también aplaudieron la iniciativa de “castigar más a los reincidentes; algo hará y responde a la alarma social”. Y solo insistieron en que “se refuerce la vigilancia en zonas rurales, pues es necesario”. H
