A falta de menos de una semana para el inicio del juicio, la Fiscalía Anticorrupción hizo público ayer el detalle de las preceptivas penas que solicita para Carlos Fabra y demás implicados en el caso Naranjax. El fiscal del Estado --una de las tres acusaciones que llevarán a Fabra al banquillo el miércoles-- pide para el antiguo presidente de la Diputación y del PP provincial un total de 13 años de cárcel por el delito de cohecho, otro de tráfico de influencias y cuatro de fraude a la Hacienda pública. Esta petición ya quedaba reflejada en el escrito de calificación de hace más de un año, que se dio a conocer ayer al detalle. En algunas declaraciones que había realizado el fiscal ya apuntaba sus intenciones de pedir al menos 15 años, que al final se han quedado en 13.

Además de las solicitudes de prisión, la Fiscalía pide que a Fabra se le imponga una multa de 1,98 millones de euros y que devuelva las cantidades presuntamente defraudadas a Hacienda (693.074 euros).

Anticorrupción es una de las tres acusaciones del proceso, en el que también concurren la Unión de Consumidores (UCE), como acusación popular; y la Abogacía del Estado. Esta es la que menos penas pide, ya que únicamente se basa en los cuatro delitos de evasión fiscal para solicitar 2,6 millones de euros en concepto de multas y reintegro de lo defraudado. Por su parte, la UCE es la más dura al solicitar los mismos 13 años de cárcel de la Fiscalía, pero eleva las cuantías económicas a percibir hasta los 17 millones de euros. En el otro lado del proceso, los diferentes abogados defensores solicitan la absolución de todos ellos.

Junto a Fabra se sentarán en el banquillo su esposa, Amparo Fernández --para la que la Fiscalía pide seis años de cárcel, multa de 860.000 euros e indemnización de 428.644 euros--, el empresario Vicente Vilar --4 años de prisión y multa de 600.000 euros--, y la exmujer de este, Montserrat Vives, para la que pide idénticas penas.

testigos ilustres // Ellos son cuatro de los cinco imputados (el otro es el exsenador Miguel Prim por tráfico de influencias) de la única causa abierta a Fabra, después de que se archivase, años atrás, una escisión del caso Naranjax para investigar la creación de cuños falsos para validar fitosanitarios. Tras más de nueve años de investigación, a partir del miércoles, por la sección 1ª de la Audiencia pasarán como testigos cuatro exministros del Gobierno de Aznar: el castellonense Juan Costa, Celia Villalobos, Jesús Posada y Miguel Arias Cañete (ministro ahora de Agricultura).

En su escrito de acusación, el fiscal considera probado que Fabra medió a partir de 1999 en Madrid para que se autorizasen los fitosanitarios fabricados por Naranjax, propiedad de Vilar. A raíz de esta colaboración, las entonces esposas de ambos crearon una empresa, Artemis 2000, que se hizo con los derechos de los productos, que Naranjax distribuía. Asimismo, Fabra constituyó Carmacas, que facturó “para ocultar los pagos de Vilar”, al menos por valor de 127.758 euros, señala el escrito. Asimismo, el fiscal destaca que, de 1999 al 2004, Fabra y Fernández “realizaron un elevado número de operaciones bancarias (...) que no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados”.

Por otra parte, la diputada autonómica de EU Marina Albiol pidió a Rajoy que se retracte, ya que dijo que “Fabra era un político y ciudadano ejemplar”. H