La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Fomento que revise el criterio que ha empleado hasta la fecha y que afecta a la supresión de ayudas de subsidiación de préstamos para la compra de viviendas protegidas (VPO) que concedían las comunidades autónomas. En concreto, la institución considera que el real decreto 20/2012 solo anula las ayudas contenidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012 y no las anteriores, por lo que insta a que las administraciones hagan efectivas las ayudas vigentes hasta junio de este año y que revisen de oficio las resoluciones denegadas antes de la entrada en vigor de la ley 4/2013 de 4 de junio.

La plataforma de afectados considera que la Generalitat deberá revisar de oficio las denegaciones que había emitido desde julio del 2012, lo que afectaría a alrededor de 50.000 familias en la Comunitat, 5.000 en Castellón.

La semana pasada, la justicia emitió la primera sentencia sobre la supresión de la subsidiación VPO, la cual fue favorable a los afectados. En concreto, el juzgado contencioso-administrativo nº 2 de Castellón, según el veredicto, obliga a la Generalitat a seguir abonando la ayuda --y las atrasadas-- para el pago de las cuotas de adquisición de una VPO, después de que se le negara su renovación pasados cinco años. H