La batalla legal relacionada con el proyecto Castor no ha terminado. Cuatro días después de conocerse que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Gobierno contra la disposición que prevé indemnizaciones a Escal UGS, la concesionaria del almacén de gas frente a las costas de Vinaròs, en el caso de extinción o caducidad de la concesión, incluso cuando hubiera existido negligencia por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó ayer que no indemnizarán a Escal UGS “si se demuestra que ha habido una conducta dolosa y culposa por su parte”. El ministro hizo estas declaraciones “sin perjuicio del estudio que está realizando la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Supremo”.

Tal y como publicó este periódico, el Alto Tribunal deja en el aire la cuantía de la compensación si existe negligencia. Así, afirma en el auto que, “en caso de no haber desmantelamiento de la planta, es coherente que se contemple una compensación, por el valor residual del proyecto”. Este se estima en unos 1.700 millones de euros, ya que el Ministerio de Industria detalló que Escal UGS tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones, a lo que se añaden 186 por la inyección de gas colchón y 234 por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.

El TS estima que la indemnización se debe a que “al seguir operativas las instalaciones, el Gobierno obtendría un beneficio con su explotación”. Pero aunque el Supremo no considera lesiva la cláusula que obliga a indemnizar aunque medie dolo, recoge que “ello no significa que en caso de que lo exista vaya a percibir la indemnización prevista”. Y reconoce que “el cobro de la misma dependerá de las causas que lleven a la caducidad o extinción”.

Es el clavo ardiendo al que previsiblemente se va a coger el Gobierno para no tener que abonar a la concesionaria de la plataforma subterránea la millonaria indemnización en caso del cierre de la plataforma. Mientras, el Ministerio mantiene la postura de no permitir la actividad en la planta “si no hay garantías plenas”, a la espera del informe del Instituto Geológico Español, que determinará si las inyecciones de gas son las causantes de los más de 500 sismos registrados, incluso los de magnitud mayor de 4 grados en la escala Richter, como avanzan expertos en la materia. H