El juicio contra Carlos Fabra cambió ayer de escenario al aparcar las declaraciones de testigos por cohecho y tráfico de influencias y centrar la séptima sesión en los delitos fiscales que se le imputan al expresidente de la Diputación y su mujer, Amparo Fernández. La vista pivotó sobre la declaración de los peritos de Hacienda que subrayaron el “tremendo desfase” que se registra entre la renta y los ingresos del matrimonio entre 1999 y 2004.

El jefe de la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria de la Fiscalía Anticorrupción, Conrado Caviró, dijo que no se da ninguna explicación que justifique los ingresos de Fabra y Fernández. “Tras analizar 17.000 movimientos en 85 cuentas familiares” llegaron a la conclusión de que entre los citados seis años abonaron de forma injustificada a sus libretas bancarias 3,2 millones de euros. De ellos, tres millones fueron dinero en efectivo, “y ese es el meollo de la cuestión”, apuntó. En total, el matrimonio ingresó 13 millones de euros, con lo que solo nueve de ellos fueron justificados.

JUSTIFICACIONES // En contra, los peritos citados por Fabra para desmontar dichas acusaciones explicaron que los ingresos que efectuaba el exlíder del PPCS provenían de ventas de patrimonio, pérdida de acciones “y de la caja familiar”. También citaron el gasto por representación institucional (Diputación y aeropuerto) y de su partido político (provincial y regional), “porque él primero pagaba las facturas de su bolsillo y luego pasaba los recibos”, indicaron los expertos.

De todos modos, y a preguntas de la acusación, estos peritos reconocieron que no pueden demostrar nada de lo afirmado y que si lo apuntan es porque así se lo ha detallado el propio Fabra.

Esta fue la tónica durante las más de tres horas y media de sesión, en la que unos peritos y otros han confrontado sus respectivos informes hasta el punto de discutir abiertamente sobre los aciertos o fallos de unos y otros respecto a la rigurosidad de los datos que aportaban.

Los peritos también se refirieron extensamente a tres cheques, dos de 2,5 millones de pesetas y uno de 5 millones de pesetas, que el expresidente de la Diputación cobró de la empresa Pamesa presuntamente por servicios prestados por Cocina Riojana, que era propiedad de su mujer, que sin embargo “no están en la contabilidad” de esta empresa de hostelería, por lo que se han considerado “no justificados”.

Hoy se retoma el juicio por el caso Naranjax que se está juzgando después de diez años de instrucción en la Sección Primera de la Audiencia. La acusación le reclama a Carlos Fabra 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y que devuelva los 693.074 euros que presuntamente ha defraudado. H