Más de 3.000 jóvenes de la provincia de Castellón pueden perder su tarjeta sanitaria al haberse marchado al extranjero en el último año en busca de trabajo. Una situación que se da después de que el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado para este año haya introducido como requisito para tener derecho a la asistencia sanitaria el que las personas que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo residan en España o no estén más de 90 días fuera del país.

Esta modificación afecta especialmente, según los sindicatos, a los jóvenes que se han marchado en busca de un empleo, dada la situación económica en el país. “Esta decisión tendrá un impacto muy negativo entre las personas que emigran fuera para trabajar porque suelen estar periodos más largos a los tres meses. Es un golpe a la calidad asistencial que afecta en gran medida a los castellonenses, porque la provincia ha pasado de importar mano de obra a exportarla”, explicó el secretario general de UGT en Castellón, Tino Calero.

En este sentido, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de julio del año pasado había en la provincia 60.585 jóvenes de entre 24 y 35 años con nacionalidad española, mientras que solo un año antes esta cifra se elevaba a 63.768. Un descenso poblacional que responde, según los sindicatos, al hecho de que los jóvenes estén emigrando en busca de un empleo. H