Las aproximadamente 2.000 explotaciones ganaderas que existen en la provincia de Castellón se ven obligadas a malvivir debido a diversos factores, entre los que destacan los impagos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, que les adeuda unos 15 millones de euros. Los impagos derivan de multitud de líneas de ayudas en que, tras no aportar sus fondos el departamento que dirige José Císcar, la Unión Europea y el Ministerio no han transferido los suyos y el dinero no ha llegado a los beneficiarios.

El responsable de ganadería de la Unió en Castellón, Pepe Girona, resalta que todavía se deben “las ayudas compensatorias de alta montaña del 2011” y sucede igual con otras líneas, como “las de mejora y modernización de instalaciones, implantación de jóvenes o bienestar animal”. El secretario técnico de Fepac-Asaja, Doménec Nàcher, señala que las ayudas agroambientales llevan “meses de retraso” y otras, como las subvenciones a las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS) “unos dos o tres años”.

Todo esto, unido al incremento de los gastos (entre ellos las inversiones a las que ha obligado la normativa europea y para las que se han concedido inversiones, muchas de las cuales no se han cobrado todavía), el estancamiento del precio de la carne y los robos en las granjas --que se repiten de tanto en cuando-- hace que los granjeros de la provincia se sientan “abandonados” por el Gobierno autonómico, afirma Girona. Nàcher indica además que este año va a ser “muy duro” porque, sin los fondos pendientes y sin nuevas líneas (debido a que es un año de transición hacia la nueva Política Agraria Común), el ejercicio se presenta “malo”.

Por ello, Girona pide un “plan de pagos” a Císcar y Nàcher “un pacto” para determinar el camino a seguir. Entre los aspectos a tratar, “la viabilidad de las ADS”.

Sobre este tema, la Conselleria, a través del DOCV, publicó ayer su línea de subvención de los seguros agrarios (de entre un 20% y un 40%) y de retirada de cadáveres (de hasta un 87%). H