La Unió de Llauradors i Ramaders anunció ayer que ha logrado que el anteproyecto de ley de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat excluya a las instalaciones ganaderas de la obligación de efectuar un estudio y una auditoría acústica. La Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente ha considerado, en atención a las alegaciones de la Unió, que las especiales características de las explotaciones ganaderas les eximen de realizar estas cuestiones en materia de contaminación acústica.
El sector había argumentado que los estudios acústicos de las instalaciones ganaderas salían siempre negativos, al estar alejados de los núcleos de población y no provocar ruidos en el desarrollo de la actividad, lo que reforzaba la idea de que desapareciera la obligación. Y es que, además del trámite burocrático, suponía un desembolso económico.
El coste, según indicaron, como mínimo, de un estudio y una auditoría acústica para el ganadero es de unos 1.200 euros en el mejor de los casos (600 euros por cada uno), al que hay que sumar “los males de cabeza que le origina presentar documentación técnica añadida a la habitual”. H
