Familiares, usuarios y trabajadores del sector de la atención a la discapacidad y la dependencia de la Comunitat han exigido hoy a la Generalitat la retirada "inmediata" del copago fijado en los servicios que atienden a este colectivo, y advierten de que se atravesando "una línea roja".
Más de 5.000 personas, según los convocantes, procedentes de toda la Comunitat, unos 300 de Castellón, se han concentrado frente al Palau de la Generalitat y han denunciado que los últimos decretos y órdenes que se han publicado han incidido en la situación de "desamparo" de los dependientes y discapacitados.
El copago, que en su opinión realmente es un "repago", implica "un paso más en el empobrecimiento y el peligro inminente de desaparición" de la calidad de una intervención con los usuarios del sector, han denunciado en un manifiesto leído por una portavoz de la protesta.
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno valenciano y portavoz del Consell, José Císcar, ha asegurado hoy que no hay "ningún tipo de repago" a los usuarios de recursos de la discapacidad y dependientes, sino que lo que ha hecho la Generalitat es "introducir racionalidad en el sistema" mediante "aportaciones reguladas".
Císcar ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que, el hecho de que se tengan que efectuar aportaciones, como se hace en otros campos, obedece a la ley de Dependencia aprobada en 2006, que establece "clarísimamente" la obligación de esa aportaciones que ahora se regulan en la Comunitat.
Ha insistido en que hay una legislación estatal básica que obliga a ello, y ha precisado que el conjunto de las Comunidades autónomas lo tenía ya "regulado y cerrado", pero Madrid y la Comunitat Valenciana todavía no y se está haciendo ahora.
