Una inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizada a los juzgados de lo Penal de Castellón revela que los cuatro juzgados de lo Penal de Castellón asumen el trabajo que deberían llevar siete. Esto refleja lo que se ha venido denunciando en decenas de ocasiones; una sobrecarga de trabajo que se traduce en una demora en el tiempo de respuesta de entre año y año y medio desde que entra un caso hasta que se señala juicio.

Por ello, y asumiendo que por ahora la creación de nuevos juzgados es algo “irrealizable”, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), la Audiencia y Fiscalía han solicitado a la Generalitat y al Gobierno la incorporación de seis funcionarios y un secretario judicial para dar respuesta a la carga de asuntos y desatascar así los juzgados de lo penal.

El acuerdo para pedir estos refuerzos tanto a la Conselleria de Justicia (en el caso de los funcionarios) como al Ministerio de Justicia (en el caso del secretario judicial) se alcanzó ayer en una reunión mantenida en la Ciudad de la Justicia de Castellón entre la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva; el presidente de la Audiencia, José Manuel Marco; el fiscal jefe, José Luis Cuesta; el decano de los jueces, José Luis Conde-Pumpido, y el secretario coordinador, Jerónimo Toledano.

“El objetivo es reducir los tiempos y distribuir el trabajo de una forma más equitativa”, reconoció Pilar de la Oliva tras la reunión. A la espera de que los siete profesionales que piden se puedan incorporar cuanto antes a un servicio común de ejecuciones, por el momento ya se han reforzado los cuatro jueces titulares con dos jueces más y se ha hecho una reorganización temporal del trabajo en los juzgados de lo Penal para que los dos refuerzos atiendan las ejecutorias y los asuntos de familia y violencia de género. También se ha incorporado ya un secretario judicial a la plantilla.

OFICINA JUDICIAL // La demanda de estos refuerzos se convierte en una solución a corto plazo para los problemas de saturación ya crónicos que arrastran los juzgados de Castellón. Una medida transitoria a la espera de que se materialice la nueva oficina judicial en la que se está trabajando.

Una oficina a la que “le queda todavía mucho camino para su implantación, entre 2 y 3 años”, pronosticó el secretario coordinador de Castellón. Su puesta en funcionamiento implicará “cambios estructurales, de organización, informáticos... con los que se podrían solucionar estos problemas de sobrecarga actuales”.

TASAS // Por otra parte, el presidente de la Audiencia de Castellón se refirió al trasvase de trabajo entre las secciones para equilibrar la carga de trabajo. Así, explicó que como consecuencia del aumento de las tasas judiciales se ha producido un descenso de un 30% en los recursos civiles, mientras que la custodia compartida se ha traducido en un aumento de recursos en materia de familia en la Sección Segunda.

Por ello el pasado mes de febrero se acordó que el 15% de los recursos civiles los asumiera la Sección Tercera, y si continúa la tendencia podría ser que una sola sección asumiera todos los asuntos de familia, aunque para ello sería necesario otro magistrado que, según Marco, “está pedido para la planta de Castellón”. H