El nuevo régimen urbanístico transitorio que estará vigente en Castellón hasta que entre en vigor el próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) mantendrá intactos los planes especiales de la Marjaleria, de la universidad y del puerto, según remarcó ayer en el pleno municipal el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet.
El pleno aprobó solicitar a la Generalitat ese régimen urbanístico transitorio pese a los votos contrarios del PSPV y a la abstención de Compromís, EU y del concejal tránsfuga Juan María Calles. En la sesión se estrenó el nuevo concejal del PP, Julio Tena, quien juró el acta el pasado día 18.
El edil socialista Juli Domingo y el portavoz de Compromís, Enric Nomdedéu, exigieron que se aproveche el nuevo PGOU para enterrar el PAI Mestrets, ya que es “ridículo y sangrante”, está “judicializado” y se sustenta en la obtención del suelo para el rectorado de la VIU que iba a diseñar Frank Gehry y el Centre de Convencions de Santiago Calatrava, dos proyectos que jamás verán la luz, según recordaron ambos.
Mulet replicó que el régimen transitorio “asumirá” cualquier eventual variación del PAI Mestrets dictada por los tribunales y reiteró que el PGOU de 2000 solo fue anulado por un “defecto de forma”. Mulet insistió en que el nuevo plan nacerá del consenso. “En esta casa no se le ha cerrado la puerta a ningún ciudadano, el urbanismo se ha hecho defendiendo los intereses generales”. El edil del PP remarcó que el decreto transitorio “es de mínimos, no condicionará el futuro PGOU y permitirá seguir viviendo”, Respecto al paso del TRAM por Ribalta, remarcó que acatarán lo que decida el Tribunal Supremo.
La portavoz de EU, Carmen Carreras, lamentó los seis años perdidos desde la primera anulación judicial y aseguró que el tiempo perdido solo ha traído “la paralización de la actividad económica y la creación de grandes conflictos”. Esa misma idea lanzó desde el atril el tránsfuga Calles en su primera intervención en el pleno desde que hace tres meses abandonara la bancada del PSPV.
Por otro lado, en materia social, el PP rechazó una moción del PSPV para crear una red de viviendas sociales para afectados por desahucios. La portavoz socialista, Amparo Marco, denunció que “cada día pierden su casa varias familias de Castellón mientras las viviendas sociales de la calle Santa Cruz de Tenerife siguen cerradas” y se incrementa un 35% el número de vecinos que piden ayuda a Cáritas.
La edila de Bienestar Social, Carmen Querol, replicó que se están rehabilitando 6 pisos municipales y en el presente año ya se han tramitado 1.076 ayudas de alquiler a familias por 429.635 euros. Querol rechazó negociar la ocupación de los 3.000 pisos vacíos existentes en la capital al “tener dueño”. Carreras (EU) pidió subir el IBI un 50% a las empresas propietarias de pisos vacíos.
También en materia de vivienda, el PP cambió in extremis su voto tras un largo debate y apoyó una moción del PSPV para colaborar con las organizaciones de consumidores en su lucha contra las cláusulas suelo de las hipotecas. El edil José Masip precisó que se ha asesorado desde el año pasado a 210 afectados. H
