El Gobierno lo tiene claro: tendrá que pagar, y bastante, a Escal UGS a pesar de que esta abandone el proyecto Castor. Aunque todavía no se ha hecho oficial la renuncia de la concesionaria del recinto a la instalación (de hecho todavía no tiene ni el visto bueno de sus inversores, condición previa a la solicitud que tiene que tramitar ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo), el titular de este, el ministro José Manuel Soria, admitió ayer que “en el caso de renuncia tiene que haber una indemnización por el valor residual de la inversión”.

Aunque este coste no ha trascendido, estará por encima de los 1.400 millones con que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el resto de inversores refinanciaron el 30 de julio pasado el proyecto. Según las fuentes, el montante varía de 1.500 millones a 1.700, aunque solo la empresa (que sigue muda) y el Gobierno (que tampoco da más detalles) conocen esta cifra, que debe haber concretado la auditoría que el Ministerio de Energía encargó a una firma externa meses atrás.

negociación // Si la cifra se acerca a los 1.700 millones, los inversores recuperarán su inversión (tienen riesgos de no recibir todo el dinero que aportaron, tal y como publicó este medio ayer) y ACS y la sociedad canadiense CLP (participada principalmente por Dundee Energy) recuperarían también lo que aportaron. De hecho, ACS cifró en su último informe financiero en 228 millones su participación en el proyecto.

Por eso la empresa de Florentino Pérez, que ha negociado con el Gobierno la indemnización, reclama los 1.700 millones.

El montante final saldrá así de los bolsillos de todos los españoles, ya que el Ministerio trasladará el pago al recibo del gas (a priori a lo largo de 20 años).

Las palabras de ayer de Soria en la Cadena Cope traslucen que ya se ha llegado a un acuerdo en este sentido, al dar por hecha la indemnización. De hecho, el ministro nada dijo de la posibilidad que el Gobierno central tiene de sancionar a la firma por abandonar el proyecto, algo que recoge el real decreto 855/2008 de autorización de la instalación y de la que ya informó este diario. Soria tampoco habló de un hipotético enfrentamiento en los tribunales para evitar el pago.

En este sentido, señaló que el Gobierno “declaró la lesividad” de la cláusula del real decreto que obliga al Estado a indemnizar a Escal UGS aunque haya cometido dolo o negligencia (en este caso también percibiría el valor residual de la instalación, que se acerca mucho al valor neto). Dado que el Tribunal Supremo ya tumbó el año pasado el recurso del Ministerio para anular esta cláusula, “el Gobierno no tiene otra opción que acatar y asumir ese pronunciamiento”.

El Ministerio, “en el caso de que [la renuncia] fuese aceptada” por los inversores, tendrá que “actuar de acuerdo a lo que establece la norma”, el real decreto.

Soria también defendió la actuación del Gobierno, que estableció “la obligatoriedad” de otorgar una autorización provisional previa a la definitiva, lo que permitió clausurar la planta tras los terremotos, dijo. H