Más de 200 asociaciones y colectivos se han adherido durante los últimos dos años a la Plataforma Antifracking de Castellón (PAF), que ayer presentó en Les Corts Valencianes más de 50.000 firmas para pedir al Gobierno autonómico que no autorice los proyectos para la extracción de gas y petróleo por medio de la fractura hidráulica en la provincia.

El portavoz de la PAF, Esteban Doménech, quien recordó que 32 municipios de los 42 afectados que se han posicionado oficialmente en contra de estos proyectos, junto con las diputaciones Castellón y Valencia, afirmó que “nos estamos jugando el futuro de Castellón”, y defendió que se trata de elegir entre “el interés de la ciudadanía frente al interés económico de una empresa”.

Acompañado, entre otros, del alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, aseguró que “la sociedad ya se ha manifestado claramente en contra del fracking”, e indicó que “ahora solo falta que los miembros del Consell de la Generalitat tomen una decisión”.

Esteban Doménech lamentó la “irresponsabilidad del grupo popular de Les Corts, que demora la decisión sobre un tema que afecta al futuro desarrollo de la provincia de Castellón”. Exigió, además, a la consellera Isabel Bonig que “asuma sus responsabilidades y que se manifieste de una vez por todas al respecto”. H