La España de las automomías dificulta el efecto positivo que podría derivarse de la puesta en marcha de un Plan Estatal de Apoyo a la Reforma y Rehabilitación de la Vivienda. El presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón (CTAT), Jaime Prior, alertaba esta misma semana del problema en el foro Castelló Renova’t, promovido para explicar las distintas líneas de subvenciones públicas que existen para apoyar la reforma de viviendas. “No hay que caer en localismos”, decía, para que no se rompa la “unidad de mercado”, un hándicap que impide que el sector de la construcción pueda reactivarse de manera uniforme, perjudicando a los profesionales en función de dónde operen.

El problema al que se refiere Prior es muy sencillo. Es cierto que es el Ministerio de Fomento el que pone en marcha el Plan Estatal 2013-2016 con el objetivo de impulsar la rehabilitación de edificios, con especial atención a aspectos como la eficiencia energética o la accesibilidad; pero luego son cada una de las 17 comunidades autónomas las que desarrollan la norma, con su respectivo presupuesto y, lógicamente, con su propio ritmo de tramitación.

El resultado es que, a día de hoy, ya hay territorios con la norma aprobada, caso de las comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura o Castilla-León, mientras otras aún no, véase Andalucía, Madrid, Canarias, Cataluña o la propia Comunitat, donde la Dirección General de la Vivienda ha prometido tener la orden de convocatoria de ayudas aprobada “después de Fallas”, con la intención de “adjudicar proyectos en abril”.

Pero si hay dos velocidades a la hora de aprobar el plan, las diferencias son mucho mayores si se entra a analizar cada propuesta, habiendo diferencias de hasta 14.000 euros en función de si un ciudadano reside en una comunidad autónoma o en otra.

Y los ejemplos vuelven a ser muy claros: Castilla-La Mancha concede ayudas para que las comunidades de propietarios lleven a cabo adecuaciones de sus espacios privados comunes (fachadas, escaleras, terrazas, zaguanes...) por un valor máximo de 1.000 euros o un 35% del proyecto; Extremadura cubre un 40% del proyecto pero otorga hasta 4.000 euros; Castilla y León lo eleva a 4.400 euros, mientras que Cantabria y Aragón contemplan 11.000 euros. Los más privilegiados vuelven a ser los navarros, con el 40% del coste del proyecto y 12.000 euros de cuantía máxima por vivienda, mientras que en el País Vasco, es hasta el 50% del coste y hasta 15.000 euros. La Comunitat concederá hasta un 30% del coste de la obra y 8.000 euros de máximo. A cambio, la Generalitat de Alberto Fabra ha previsto además una desgravación fiscal de hasta 1.000 € en la Renta para las familias, incluidos los trabajos en viviendas particulares.

Con este panorama tan dispar, se entiende que los empresarios se muestren escépticos sobre el alcance del plan en la economía y el empleo. La patronal azulejera Ascer, beneficiaria directa por el alza de la demanda que puede suponer el plan, ya ha situado el posible efecto tirón en las ventas para “la segunda mitad del año”, ya que en esta primera parte del 2015 se están todavía tramitando los planes y poniendo en marcha. Y por si fuera poco, como ya publicó Mediterráneo, considera que este plan insuficiente, puesto que se descartan incentivos para las reformas de viviendas particulares, que quedan excluidas. “Si no se hace extensiva a todas las viviendas, no creo que podamos recoger los frutos”. H