Los municipios de Castellón, de los que nueve ya han dado un paso al frente para incorporarse a la red de ciudades acogedoras (Castellón, Vila-real, Almassora, Benicàssim, Morella, Vinaròs, Vilafranca, la Vall d’Uixó y Almenara) tendrán que concretar de qué medios disponen para ayudar a los refugiados que huyen de la guerra y a cuántas personas podrán recibir.

Es una de las medidas adoptadas ayer en la reunión que mantuvieron el secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, con representantes de las diputaciones, Elena Vicente-Ruiz por la de Castellón; del ayuntamiento de la capital de la Plana, el concejal de Bienestar Social, José Luis López; y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), para coordinar la atención y la acogida.

Esta última institución enviará una ficha creada por el Consell a cada ayuntamiento para que detalle las instalaciones y medios con los que cuentan y el número de personas que pueden atender.

Desde el Gobierno autonómico, han reiterado hace escasos días los parámetros establecidos por la vicepresidenta Mònica Oltra, por los que cada población de la Comunitat estaría preparada ya para recibir al menos a una familia, por lo que serían 135 las que corresponderían a Castellón.

Si todos los portavoces que asistieron a la cita de trabajo exigieron a la Unión Europea un inmediato calendario pactado para iniciar la acogida, el compromiso de las diputaciones, entre ella la de Castellón, para habilitar créditos extraordinarios para los gastos de la ayuda; y la ampliación de los puntos de atención establecidos, fueron otras decisiones tomadas en el encuentro.

Desde PPCV y Diputación de Castellón anunciaron, además, mociones para pedir que esta crisis humanitaria se considere una cuestión de Estado. Mientras, el Ayuntamiento de Castellón, donde se celebró por la tarde una concentración solidaria y contra la guerra, recordó la dirección habilitada para recibir las ofertas de ayuda (ciutatrefugi@castello.es); el de Vila-real anunció la creación de una oficina especial para atender a los refugiados, y el Síndic de Greuges instó a las administraciones públicas a colaborar. H