La Unión por la Marjalería sigue denunciando la situación que viven muchos vecinos de la zona y acusa al Ayuntamiento de Castellón de “lucrarse” a costa de los derribos de las viviendas.
En un comunicado, la presidenta de la asociación, África Camba, exponía que después de un tiempo sin que se haya ejecutado la orden de derribo de un inmueble, el consistorio abre un expediente de ejecución subsidiaria, “que en pocas palabras significa que es el Ayuntamiento quien va a derribar la vivienda. Pero como tienen destinada ninguna partida presupuestaria para ello, realizan una liquidación provisional de lo que va a costarles el derribo”, dijo.
Unas liquidaciones que consideran “desorbitadas e infundadas” y a las que, denuncian, se suman “recargos, los costes de los recursos, intereses de demora...”. Y añadía que no ven “mal que tiren construcciones ilegales y pasen la factura, pero es que ahora se están lucrando por no hacer nada. Prometieron la paralización de los expedientes pero esa paralización no llega”, alegó.
Desde el Ayuntamiento no quisieron pronunciarse hasta cotejar la documentación que manejan los técnicos sobre la situación. H
