La consellera de Sanidad, Carmen Montón, convocó ayer a los miembros del consejo de gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón a una reunión extraordinaria que tendrá lugar el próximo lunes.

La convocatoria, que tiene solo dos puntos en el orden del día, servirá para analizar la documentación remitida a la Fiscalía Anticorrupción sobre la existencia de 4.713 facturas presuntamente irregulares, por valor de 25 millones de euros, y la denuncia del anterior gerente, Rafael Arce, quien emitió un informe en junio del 2015 detallando posibles anomalías contables detectadas durante su mandato, según confirmaron fuentes sanitarias.

A la reunión están citados todos los miembros del consejo de dirección del Consorcio, compuesto por 16 representantes, ocho elegidos por el Ejecutivo provincial y otros ocho por parte de la Generalitat, con el voto de calidad de la propia consellera.

La reunión se producirá justo una semana después del encuentro que mantuvieron el actual gerente del Consorcio, representantes de Conselleria y el responsable económico en la etapa investigada, quien fue llamado para que aclarara la naturaleza de las facturas emitidas por las empresas Telecso y Piaf, esta última vinculada con Gürtel.

ALTERACIONES CONTABLES // Además, sobre la mesa se pondrá un segundo informe, ya en poder de la Fiscalía, elaborado por Rafael Arce, gerente nombrado en 2014 por el entonces conseller, Manuel Llombart, durante el gobierno del PP. Este dosier habla de presuntas alteraciones en la ley de contratos, como es la existencia de la emisión por parte de una empresa de 155 facturas por un importe total de 351.964 euros.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ya dispone de toda la documentación y ahora arranca un periodo en el que tratará de valorar si “decide juzgalizarlo” con la apertura de diligencias de investigación penal y ponerlo en manos de un juzgado de instrucción, según informaron fuentes del ministerio público.

Desde el PSOE, el cabeza de lista por Castellón, Artemi Rallo, pidió al PP explicaciones sobre las “casi 5.000 facturas irregulares” mientras que los populares, a través de su diputado Rubén Ibáñez, se cuestionaba por qué se renovó el contrato a una empresa una semana antes de llevarla a Fiscalía. De otro lado, Compromís reclamó copia de toda la documentación aportada a Anticorrupción y Castelló en Moviment exigió la disolución del Consorcio.

CCOO LO ADVIRTIÓ EN 2014 // Por otra parte, seis meses antes de que el ex gerente denunciara las irregularidades que han llegado ahora a Anticorrupción, el propio Rafael Arce ya fue advertido por CCOO de la existencia de presuntas irregularidades en el Provincial, según ha podido conocer Mediterráneo. Desde la central se instó el 18 de diciembre de 2014 a poner en manos de las autoridades una información que no llegaría hasta junio de 2015. H