El magistrado del Juzgado 3 de Castellón anunció ayer su decisión de investigar (antes imputar) por un presunto delito de cohecho al expiloto de motos de la Vall Álex Debón y al expresidente de la Diputación Carlos Fabra, sobre lo que podrían haber sido mordidas en los contratos de patrocinio que la gestora del aeropuerto, Aerocas, suscribió con el deportista en la época en la que presidía la sociedad el exlíder popular.
Con la admisión a trámite de la denuncia interpuesta por el fiscal jefe de Castellón la semana pasada se ratifica también la apertura de un nuevo frente judicial para Fabra, quien cumple ahora en régimen de semilibertad su condena por delitos fiscales.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la causa está abierta por un presunto delito de cohecho e investiga el dinero recibido por la mercantil del piloto en concepto de patrocinio por parte de la empresa Aerocas, sociedad creada en el 2003 para construir y gestionar el aeropuerto de Castellón. El TSJCV matizó, además, que esta sociedad estaba participada por la Generalitat valenciana y por la Diputación.
El órgano judicial añadió que en la resolución, que fue notificada ayer a las partes, el juez ha resuelto practicar las diligencias solicitadas por el Ministerio Público en su denuncia.
Como consecuencia, citará a declarar en calidad de investigados a los dos denunciados. Igualmente, el magistrado ha decidido oficiar a la Policía Judicial para que complete la investigación realizada por la Físcalía y realice un informe sobre el dinero, que según sostiene el fiscal, recibió el deportista, y los importes que este, a su vez, transfirió al expresidente de la Diputación.
Aunque al presentar la denuncia ante el juzgado, el fiscal jefe no precisó públicamente a qué patrocinios deportivos de los contratados por Aerocas se refería, sí se conocía ya entonces que había solicitado en su momento a Aerocas la documentación sobre los contratos con Debón.
En cuanto a las reacciones, Carlos Fabra ya dijo a Mediterráneo en el momento de la judicialización de esta denuncia estar «muy, muy tranquilo», porque la participación mayoritaria en Aerocas pertenecía a la Generalitat y en ningún caso a la Diputación. H
