El ejecutivo de la Diputación que preside Javier Moliner elevará el próximo martes al pleno de marzo una moción para instar al Gobierno central a que estudie junto a la FEMP la modificación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, para evitar que los vecinos deban pagar por esta figura fiscal cuando no haya beneficios en la transacción. Buscará, además, un «frente común» de todos los partidos. La medida de la institución se encuadra entre las reacciones a la sentencia del Tribunal Constitucional conocida recientemente por la que se anula en Guipúzcoa parcialmente el pago de la plusvalía, cuando el valor de la venta del inmueble no supere el de la compra.

Como informó Mediterráneo, se aplicarse esa medida en la provincia, serían en torno a 9.000 las viviendas que podrían solicitar la devolución del impuesto. A falta de una estimación sobre lo que supondría para las arcas municipales dejar de ingresar la tasa por esos inmuebles, los 17,8 millones de euros que cobraron los ayuntamientos castellonenses en el 2015 por el impuesto de plusvalías dan una idea de la importancia de esta recaudación.

ACUERDO // En todo caso y en relación con la iniciativa del gobierno provincial, el vicepresidente de la Diputación, Vicent Sales, expuso ayer la necesidad de «que allá donde están las competencias, se alcance un acuerdo para acometer una reforma de la plusvalía municipal que satisfaga los intereses de los contribuyentes castellonenses afectados por la pérdida del valor de sus inmuebles». Al respecto, Sales explicó que esta moción nace «de la escucha activa y el compromiso municipalista asumido por Javier Moliner y que, como ya demostró tras la III Cumbre de Alcaldes, marca la hoja de ruta de esta administración». Sales añadió que después de que varios alcaldes hayan trasladado la problemática surgida entre sus vecinos por este gravamen cree «imprescindible actuar en la medida de nuestras posibilidades para dar solución al problema planteado».

«Esta es una inquietud real de los castellonenses», aseguró, para animar a «trabajar todos juntos, sin mayor intención política que la de plantear la mejor fórmula para que este tributo local no se convierta en un verdadero problema», puso de manifiesto el vicepresidente de la Diputación.

Por tanto, el ejecutivo provincial buscará sumar a todos los grupos políticos «para crear un frente común desde Castellón que, desde la lealtad institucional, inste al Gobierno a realizar un informe en el que se estudie las normas de la plusvalía».