La Fiscalía ha hecho llegar al juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules su escrito de acusación contra parte de la anterior cúpula y responsables del área de formación de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), quienes están procesados por presuntas irregularidades en la gestión de distintas subvenciones y a los que se les investiga por delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Con la emisión del escrito de acusación, la fiscalía espera ahora a que se resuelva el recurso presentado por la defensa y que el juez titular del juzgado decida si abre o no la vista oral contra los antiguos responsables de la patronal castellonense en una causa en la que están procesados el que fuera secretario general de la confederación, Rafael Montero, y el director de Economía y Formación de la entidad, José Antonio Espejo, una vez que el presidente, José Roca, quedara exonerado de cualquier responsabilidad en este asunto.

UN CASO «COMPLEJO»

El juzgado de Nules a cargo del asunto determinó en su día la complejidad de la causa, una figura legal que permite al instructor ampliar sus diligencias previas a 18 meses, además de contar con un refuerzo extra por parte de un técnico aportado por la Conselleria de Justicia, al amparo de las medidas contempladas por la Unidad de Apoyo para Causas de Corrupción del Consejo General del Poder Judicial, creada con el fin de agilizar la respuesta judicial ante este tipo de delitos.

La causa, que está aún en su fase intermedia, tal como señalan fuentes del Ministerio Público, deberá esperar ahora a que se resuelva el correspondiente recurso presentado por una de las partes y, con posterioridad, será el juez instructor quien formalice o no la apertura de la vista oral, según explican desde Fiscalía.

La causa abierta contra los ex responsables de la CEC se refiere a presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones para planes de formación que ahora el titular del juzgado trata de averiguar, para lo que ya ha llamado declarar a varias personas en calidad de testigo y a otros, como investigados, como es el caso de Montero y Espejo. Según el juez, «existen indicios» de que ambos utilizaron sus cargos en la organización para simular la intervención de empresarios en la organización e impartición de los cursos de formación a lo que autorizaron los correspondientes pagos. Además tres empresarios se encuentran procesados.