Tras un año de continuas peticiones y meses de tensiones, ayer se sentaron en la misma mesa de negociación los sindicatos (CCOO, UGT, Cemsatse y CSI-F) y la dirección del Hospital Provincial de Castellón para intentar llegar a un acuerdo sobre el convenio laboral y los cambios que se prevén en las retribuciones de los trabajadores, una vez el centro entre de facto dentro de la red sanitaria pública. La reunión acabó como empezó, es decir, sin ningún tipo de acuerdo entre las partes, y sin fecha para otro encuentro. Por tanto, hoy, a las 11.00 horas, los sindicatos volverán a concentrarse en la entrada del hospital para protestar por lo que consideran un «recorte» salarial.

A pesar de la falta de acuerdo, la dirección del centro se ha comprometido a «estudiar las propuestas aportadas por los sindicatos y aceptar aquellas que se ajusten a la ley». En este sentido, el gerente, Joaquín Sanchís, reiteró que no pueden «negociar retribuciones superiores a las del resto de hospitales de la red pública valenciana» porque estarían «incumpliendo la legislación».

Sanchís concretó que la adaptación retributiva del personal del centro es «una exigencia que marcan tanto el régimen jurídico del sector público como la ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana, que exige que se apliquen las retribuciones de la Conselleria de Sanidad, lo que provoca la derogación tácita de gran parte del contenido del convenio y del acuerdo marco», explicó.

POSTURA «INFLEXIBLE»

Los argumentos del gerente son rebatidos de frente por los sindicatos, quienes advierten de que recurrirán a la vía judicial si no se llega a un acuerdo, que se antoja arduo complicado. «Actuaron con mala fe, ocultando informes y castigando a la plantilla con el mantra de la ley de presupuestos», lamentó el responsable de CCOO, Amalio Palacios, quien acusó a la dirección de «haber incumplido la negociación colectiva» y tener una «postura tan inflexible».

Los representantes de los trabajadores defienden que debe entrar en vigor el convenio laboral firmado en el 2015, cuya aprobación estaba a expensas de un informe de Hacienda, que fue favorable al documento, aunque la posterior normativa del Consell sobre las cuentas de este año lo anuló. «La única propuesta que se ofrece es la renegociación de algo que está negociado y en vigor, con la intención de seguir recortando en derechos, aplicando la legalidad con parcialidad y de modo interesado», defienden.