La recuperación económica ha traído brotes verdes en casi todos los sectores. El turismo despega, la industria recupera facturación o empleo, la construcción resucita y crecen los autónomos. Pero hay un sector laboral estancado desde que Castellón arrinconó la crisis: el de las empleadas domésticas. Su cifra de afiliadas (más del 95% es mujer) se ha estancado y, en el último año, incluso ha ido claramente a la baja. En junio del 2016, el Ministerio de Empleo contabilizaba en la provincia 4.163 empleadas del hogar, 62 más que ahora, que son 4.101. Un descenso que contrasta con el crecimiento del 4,8% de las cotizaciones generales en la Seguridad Social en el mismo periodo.

En la cifra oficial de 4.101 empleadas domésticas no están todas las que son. Pese a que desde el 2012 la ley obliga a todas las familias que cuentan con una mujer que limpia o planche (aunque sea tres horas a la semana) a convertirse en empleadoras y darlas de alta en la Seguridad Social, la realidad es que más de un 30% continúa trabajando en b. «La economía sumergida existe y, de hecho, estimamos que en Castellón el colectivo de empleadas de hogar está formado por unas 4.000 trabajadores», describe Irene Gómez, portavoz de la Plataforma por los derechos de las personas trabajadoras de hogar de Castellón, compuesta por entidades como Cruz Roja, Cáritas, la asociación de mujeres inmigrantes Amuinca o los sindicatos UGT y CCOO. O dicho de una manera mucho más clara: el 20% no cotiza y trabaja en negro. «En muchas ocasiones son los propios empleadores los que no quieren darlas de alta en al Seguridad Social, aunque también hay casos de mujeres que, por diversas circunstancias, prefieren estar en la economía sumergida», explica.

Para que su trabajo se visualice y se reconozcan sus derechos, el grupo Turín, plataforma que aglutina a empleadas del hogar y organizaciones y cooperativas de trabajo doméstico de toda España, y de la que forma parte la asociación de Castellón, acaba de entregar al Ministerio de Empleo casi 100.000 firmas recogidas en Change.org para pedir que se protejan sus derechos. «Lo que pedimos es que el Gobierno se sume al convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, «el primero que nos da protección específica y que contiene unas normas internacionales para asegurar y reconocer el valor social y económico del trabajo doméstico», resume Gómez.

SIN DERECHO A PARO

A pesar de que la ley del 2012 trajo mejoras como el salario mínimo, bajas, jubilación, vacaciones y días libres, la ristra de desigualdades aún es alargada. Y el derecho a la prestación del paro encabeza la lista. «El colectivo no tiene derecho al subsidio de desempleo y, además, es necesario que aumenten las bases de cotización. El problema es que no hay voluntad ni por parte del empleadores ni de los políticos», dice la portavoz de la plataforma de Castellón.

Y, ¿cómo son las mujeres que trabajan como empleadas domésticas? La mayoría son inmigrantes, tienen entre 35 y 45 años, hijos y estudios medios. Muchas trabajan por horas en varias casas. Otras están como internas. «Los salarios son muy bajos, sobre todo en el caso de las internas. Con la excusa de que entra la manutención, al final a la trabajadora le queda un sueldo de 400 euros al mes», denuncia Gómez, que asegura que son las más desprotegidas de todo el sistema.